Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Front Line Defenders y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) exigieron a las autoridades federales, estatales y municipales retirar los cargos en contra del agente municipal comunitario de Puente Madera, David Hernández Salazar.
Fue sentenciado a 46 años y 6 meses de prisión por defender el territorio binnizá y oponerse al Polo de Desarrollo industrial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el cerro El Pitayal.
Las organizaciones nacionales e internacionales consideran que la sentencia en contra del también integrante de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI) es una forma de represalia a su legítima y pacífica labor de defensa de derechos humanos y de su territorio binnizá.
Recordaron que el pasado 7 de febrero, el Juzgado de Control de Salina Cruz dictó sentencia condenatoria de 46 años y 6 meses de prisión más una multa de 182 mil 818 pesos.
Además, un pago por reparación de daños por la cantidad de un millón 100 mil 015 pesos que debe saldar el defensor binniza (zapoteco) David Hernández Salazar.
Explicaron que Hernández Salazar fue denunciado junto a otros 17 integrantes más de la comunidad indígena binnizá de Puente Madera por su oposición a la instalación del Polo de Desarrollo de San Blas Atempa en las tierras de uso común El Pitayal, en el marco del megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
David Hernández Salazar ha luchado activamente desde el 2017 en defensa del derecho al territorio en las tierras de uso común El Pitayal, motivo por el cual ha sido objeto de criminalización desde entonces.
Como consecuencia del trabajo de defensa de las tierras de uso común de la comunidad indígena binnizá, en el 2023 se logró la suspensión de oficio y plano del Polo de Desarrollo de San Blas Atempa.
Fue el 7 de febrero de 2024 cuando el Juzgado de Control de Salina Cruz dictó sentencia condenatoria de 46 años y 6 meses en contra de David Hernández Salazar.
Fue por los delitos de daños por incendio y lesiones dolosas, presuntamente cometidos en el municipio de San Blas Atempa el 12 de febrero de 2022 mientras el defensor se encontraba en camino a la estación de la Radio Comunitaria Didxazza Stipa de San Blas Atempa a denunciar hechos de hostigamiento que venía sufriendo en su contra días anteriores.
La denuncia contra el defensor fue interpuesta por el municipio de San Blas Atempa y el Registro Agrario Nacional (RAN), declinando este último como demandante posteriormente.
Esta es la segunda ocasión en la que se pretende criminalizar al defensor por su labor de defensa del territorio indígena binnizá. En el 2021, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el municipio de San Blas Atempa interpusieron una denuncia en contra del defensor por el presunto delito de ataques a las vías generales de comunicación por hechos ocurridos el 14 de marzo de 2021 durante las protestas ocurridas en la comunidad de Puente Madera.
El defensor David Hernández finalmente no fue vinculado a ese proceso.
Paralelamente al proceso que tuvo la presente sentencia condenatoria, el 18 de octubre de 2023 el defensor David Hernández fue notificado con una nueva demanda federal por el delito de ataques a las vías de comunicación, cuya audiencia inicial se llevará a cabo el próximo 21 de febrero.
Front Line Defenders, la Red TDT y más organizaciones nacionales e internacionales ya se ha pronunciado anteriormente en relación con el marco de la violencia y violación de derechos hacia las comunidades que defienden su tierra y territorio frente al CIIT en la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.
Front Line Defenders y la Red TDT reiteran su condena a la sentencia en contra del defensor de derechos humanos David Hernández Salazar, pues consideran que pretende intimidar y restringir su labor de derechos humanos mediante la imposición de denuncias y penas excesivas.
Es por ello que instan a las autoridades de México a retirar los cargos.
Además, que se garantice en todo momento el ejercicio de defender derechos humanos en favor de la comunidad Puente Madera, y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.
Asimismo, se garantice que defensores y defensoras de los derechos humanos en México puedan seguir con sus actividades de defensa sin temor a represalias y sin restricciones cualesquiera, incluso hostigamiento judicial.
Por su parte, la asamblea comunitaria de Puente Madera y la APIIDTT reiteraron que el defensor comunitario fue sentenciado por defender el territorio binnizá y oponerse al Polo de Desarrollo industrial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en el cerro El Pitayal.
Luego de calificar esta sentencia como “injusta y absurda”, consideran que esta determinación es un “claro ejemplo de criminalización y persecución por su labor como Defensor del Territorio, los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas”.
Lamentaron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que prometió estar al lado de los pobres y pueblos indígenas, utilice el Poder Judicial para imponer su proyecto presidencial para favorecer a empresas transnacionales los despojen de sus tierras.
Y agregaron que “esto deja claro la corrupción y colusión de las autoridades del Poder Judicial con grupos políticos y empresariales de la región vinculados al crimen organizado, a quienes les estorban las personas defensoras del territorio y pretenden callarlas con prisión, desapareciendo o asesinándolas”.
Recordaron que el caso del indígena binnizá (zapoteco) Hernández Salazar ha sido judicializado y perseguido por autoridades morenistas del municipio de San Blas Atempa.
También por el Gobierno del estado de Oaxaca, el Corredor Interoceánico, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el Registro Agrario Nacional, la SEDENA, la Marina y la Guardia Nacional.
Recordaron que David Hernández Salazar ha sido criminalizado desde el año 2017 en su lucha por la defensa de las Tierras de Uso Común del Pitayal.
En ese momento, contra la imposición de la subestación eléctrica del Ejército Mexicano fue detenido ilegalmente y golpeado por policía municipal, continuando por una serie de campañas de difamación a su persona y amenazas a su integridad física y psicológica.
Nuevamente, en el año 2021, por su representación como Agente Comunitario de Puente Madera e integrante de la Coordinación General de la APIIDTT, enfrentó una primera demanda federal en 2021 (Carpeta judicial 269/2021) en la que no fue vinculado a proceso.
En un segundo momento, a inicios de 2022, da comienzo la Causa Penal 446/2022, haciendo efecto el 16 de enero de 2023 con su detención ilegal y abriendo la carpeta de investigación la cual es motivo del presente escrito.
Por último, en octubre de 2023 se le notifica de una nueva demanda federal, cuya audiencia inicial dará el próximo 21 de febrero.
En estos 3 procesos, el principal promotor ha sido en todo momento el municipio de San Blas Atempa, obedeciendo a Antonino Morales Toledo, ex secretario de Administración del gobierno de Salomón Jara Cruz y actual candidato al Senado de la República por Morena.
Los inconformes aclararon que “esta condena (de 46 años y 6 meses) no es absoluta y no se ejecuta de manera inmediata porque tenemos amparos contra las órdenes de aprehensión de David y las 17 personas de Puente Madera incriminadas en la Causa Penal 446/2022 por lo que continuaremos trabajando en la defensa legal, interponiendo los recursos necesarios y acudiendo a las instancias competentes que puedan darle la revisión a esta sentencia injusta y absurda”.
Advirtieron: “Con mucha rabia y coraje, ratificamos que nuestra lucha va a continuar por la defensa de las tierras de uso común de El Pitayal que da vida a nuestra comunidad e historia como pueblo binnizá. Llevamos años defendiendo lo común, lo nuestro, lo colectivo y lo seguiremos haciendo, defendiendo la vida con la vida misma de ser necesario”.
Finalmente resaltaron que del 14 al 17 de marzo de 2024 celebrarán tres años de resistencia en defensa del monte El Pitayal, la cual se realizará en la comunidad en rebeldía de Puente Madera.
