Van 13 mil sanciones a funcionarios pero AMLO solo reconoce como caso de corrupción el de Segalmex
Por REYNA HAYDEE RAMÍREZ para Raíchali
Fotografía principal tomada del portal de Gobierno (macrosimulacro del 2021)
CIUDAD DE MÉXICO.– En casi seis años alrededor de 13 mil funcionarios fueron sancionados por la Secretaría de la Función Pública, con casos turnados a la Fiscalía General de la República (FGR), pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declinó informar sobre ellos y sólo admite un sólo caso de corrupción en su sexenio: el fraude millonario en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
“Segalmex que consideramos el único caso de corrupción que lamentablemente se nos presentó en el gobierno”, aseguró el presidente en la conferencia matutina del jueves 5 de septiembre. Pero dos días antes, a pregunta expresa, dijo que sí había casos turnados al Ministerio Público y que daría a conocer la información al día siguiente, pero no lo hizo.
Apenas en la conferencia del martes 3 de septiembre, el presidente reveló que hay casos de funcionarios, ninguno de primer nivel, sancionados administrativamente, algunos turnados a la FGR. Exhibió un oficio de la Secretaría de la Función Pública donde se indica que del 1 de diciembre del 2018 al 31 de julio del 2024 se sancionaron a 12 mil 753 funcionarios, entre ellos 726 fueron destituidos y 5 mil 861 inhabilitados.
Se emitieron 15 mil 461 sanciones que en conjunto incluyen sanciones económicas por 10 millones 121 mil 908. No amplió más.
Segalmex: Nueve funcionarios en cárcel excepto el titular
Este jueves sólo se informó sobre Segalmex, una dependencia creada por López Obrador al inicio de su sexenio, en 2019, la cual pretendía garantizar la producción de alimentos para población de escasos recursos, rescatar productores de grano. Al frente de ella puso a su amigo el abogado Ignacio Ovalle Fernández, un veterano servidor público, exsecretario particular del expresidente Luis Echeverría y ex director de Conasupo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Al hacerse público en medios el presunto fraude, Ovalle Fernández fue removido del cargo en 2022, pero el presidente López Obrador lo exculpó y rescató con un puesto en la Secretaría de Gobernación como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, donde permanece a la fecha. Y al día de hoy no figura entre los 26 vinculados a proceso, ni de los 9 exfuncionarios en prisión preventiva.
El presunto fraude se detectó en una auditoría de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del 2019 y 2020. En esta semana se informó que dicha auditoría documentó un presunto daño patrimonial de 9 mil 500 millones de pesos. Casi el total del presupuesto de 10 mil millones de pesos asignado a la dependencia en 2020.
Roberto Salcedo, titular de la Secretaría de la Función Pública, indicó que ya se solventaron 4 mil 700 millones de pesos, esto es el casi el 50 por ciento de los 9 mil 500 millones de pesos, es decir que se aclaró su destino y no se incluyen en la denuncia por daño patrimonial.
Roberto Salcedo. Fotografía de Presidencia de la República
“Cuatro mil 700 millones, cerca del 50 por ciento del total, ya fueron aclarados con las evidencias pertinentes; 2 mil 100 millones de pesos están en proceso de análisis para su acreditación o no, y en caso de no aclararse se presentarán las denuncias correspondientes”.
“Dos mil 700 millones de pesos no fueron aclarados, es el 28 por ciento y no fueron aclarados, por lo que este constituye el daño de patrimonial, por lo cual se presentaron las denuncias correspondientes en la Fiscalía General de la República”, puntualizó.
Pero según datos de la FGR, el daño patrimonial que investiga es de alrededor de 17 mil millones de pesos, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito y captación indirecta de recursos.
Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, añadió que por este caso se han interpuesto 156 denuncias por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilicito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito y captación indirecta de recursos, y sólo corresponden a los 2 mil 700 millones de pesos comprobados como daño patrimonial.
Estas 156 denuncias involucran a 47 personas, de las cuales 26 fueron vinculadas a proceso, entre ellas 9 exfuncionarios y 17 particulares. Una de ellas detenida en Argentina y esperan que la FGR la extradite a fin de año.
La Procuradora aseguró que los principales responsables están en prisión como Rene N, ex titular de Administración y Finanzas de Segalmex; Manuel “N”, ex titular de la Dirección comercial de Segalmex y a José “N”, ex titular del área de Operaciones de Diconsa.
Amigo sin culpa, sin proceso
En la mañanera del jueves 5 de septiembre, no se mencionó a Ignacio Ovalle, pero, el martes, el presidente enfatizó que ningún funcionario de primer nivel está en proceso penal o administrativo porque “escogió muy bien a su gabinete”.
“Si se escoge bien a los integrantes del gabinete, pues se va a evitar la corrupción, es muy importante el equipo, y es muy importantes que no exista asociación delictuosa”, expresó López Obrador.
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