El caso de los cuatro niños desaparecidos en Las Malvinas, Guayaquil, ha generado una gran conmoción en Ecuador y ha recibido atención internacional por la participación de militares. Se configura el delito de desaparición forzada y de una posible ejecución extrajudicial aún en investigación que pone en entredicho la política de seguridad del presidente Daniel Noboa
Texto: Gabriela Ruiz
Fotos: Andrés Loor / Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y Mónica Cabrera / Lente Verde Ecuador
ECUADOR. – En Ecuador, cuatro niños que salieron a jugar al fútbol en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, nunca regresaron a sus casas. Los incineraron, y abandonaron sus restos en un pantano en la víspera de la Nochebuena.
¿Quién hizo semejante atrocidad? Militares, según un video del ECU-911, donde se ve que los elementos del Ejército los detuvieron, subiéndolos a una camioneta, donde los golpearon y sometieron.
Ahora, los nombres de Josué e Ismael, de 15 y 14 años; Nehemías Arboleda, de 15 años; y Steven Medina, de 11, resuenan en todo Ecuador. El gobierno debe escuchar, no obstante, ha decidido revictimizar, pues en la balanza está proteger a las Fuerzas Armadas y una errática política de seguridad.
Esta es la historia.
“¡Sálvame, papá!”
El 8 de diciembre, cerca de las 22:40, un hombre que nunca se identificó contactó por teléfono a la madre de Josué e Ismael, de 15 y 14 años. El hombre dijo que sus hijos habían sido detenidos por militares, que estaban desnudos y necesitaban ayuda, pero que él no podía protegerlos porque temía meterse en problemas.
En la llamada, Luis Arroyo pudo hablar con Ismael, su hijo mayor, quien le dijo:
“Papá, nos pegaron, nos apalearon. Nos dejaron botados, desnudos allá. ¡Ven, sálvame, papá! No estábamos haciendo nada. Se bajaron como locos, nos persiguieron, hicieron disparos al aire. Nos maltrataron, nos pegaron y nos dejaron desnudos”.
Los padres de Josué e Ismael llamaron al ECU-911 para pedir ayuda a la policía. Reportaron al cuartel de Taura la novedad, indicando la ubicación del lugar donde estaban los niños, pero no los encontraron. Acudieron de buena fe a poner la denuncia en la Fiscalía. La investigación comenzó como un caso de presunto secuestro y luego cambió su tipificación a desaparición forzada.
“Se ve que los miembros militares de la FAE se llevaron a los menores. Se revisaron las cámaras del puente de la ‘Unidad Nacional’ y los niños iban en la parte trasera de la patrulla de la FAE. Ellos se los llevaron. Encontraron vestimentas de los menores… Le supliqué a la señora fiscal que nos mostrara dos minutos del video donde maltrataban a mis hijos”, contó don Luis Arroyo.
Durante varios días, los familiares de los menores no recibieron respuesta de la Fiscalía, que inicialmente investigaba el delito de secuestro. Entonces, recurrieron a organizaciones defensoras de derechos humanos y a los medios de comunicación para encontrar a sus hijos.
Los militares los desaparecieron
La desaparición dio lugar a la presentación de un recurso de hábeas corpus el 24 de diciembre por parte de los familiares de los menores y abogados del Comité de Defensa de Derechos Humanos en Guayaquil. La jueza Tannya Loor declaró la desaparición forzada de los menores y dictó prisión preventiva para 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por “no cumplir con los protocolos establecidos para estos casos”.
Las irregularidades en el procedimiento militar, como la falta de un parte oficial de detención y la ausencia de protocolos de liberación, fueron puntos cruciales durante las audiencias.
En la sentencia emitida el 31 de diciembre, dentro de la causa del hábeas corpus, la Fiscalía formuló cargos por el delito de desaparición forzada contra 16 militares implicados en el caso de #LosCuatroDeGuayaquilEcuador.
Fue durante la audiencia, en vísperas de Nochebuena, que los medios de comunicación informaron sobre el hallazgo de cuatro cuerpos incinerados, con signos de tortura, abandonados en un pantano cerca de la base militar de Taura. Esto refuerza la presunción del delito de ejecución extrajudicial.
En un plazo de 10 días, el Ministerio de Defensa deberá pedir disculpas en cadena nacional, en horario de máxima audiencia, por televisión. La jueza Loor dictó medidas de reparación integral, que incluyen la conformación de una comisión de investigación paralela a la Fiscalía.
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