Luciana Audiffred
Santiago Atitlán, Oaxaca. La comunidad indígena mixe de Santiago Atitlán denunció que, a casi tres años de la sentencia judicial que ordena la instalación de su Consejo Municipal, ni el Gobierno del Estado de Oaxaca ni el Congreso local han acatado el mandato, lo que constituye una violación a sus derechos políticos y a la libre determinación.
En 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, respaldado por instancias federales, resolvió que debía convocarse a una nueva elección que garantizara el derecho de la población a votar y ser votada. Sin embargo, las autoridades estatales han mantenido de manera irregular a un comisionado municipal, pese a que la Constitución local limita su nombramiento a 60 días.
En un comunicado difundido esta semana, las autoridades comunitarias acusaron a la Secretaría de Gobierno de obstaculizar el proceso para favorecer intereses particulares. Señalan directamente al director de Gobierno como responsable del bloqueo institucional.
“El pueblo ya cumplió con su parte”, afirmaron, y recordaron que, según sus usos y costumbres, realizaron una asamblea comunitaria en la que eligieron a los integrantes del Consejo Municipal. El 25 de abril sostuvieron una reunión con la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, donde acordaron remitir la documentación al Congreso el 9 de mayo, trámite que hasta ahora permanece detenido.
También denunciaron evasivas de la Junta de Coordinación Política del Congreso, lo cual, aseguran, evidencia complicidades políticas que desconocen la voluntad mixe. “La libre determinación no es un favor, es un derecho constitucional y un principio internacional”, enfatizaron.
Finalmente, hicieron un llamado al gobernador Salomón Jara, al secretario de Gobierno y al Congreso del Estado para que reconozcan a las autoridades legítimamente electas y se cumpla la ley. “Sabemos organizarnos y gobernarnos. No aceptamos más indiferencia ni simulación. Exigimos respeto, justicia y que se haga valer nuestro derecho”.