En México, el aborto continúa siendo un tema marcado por la criminalización, la estigmatización y la desigualdad, a pesar de los avances legislativos y judiciales de los últimos años. El informe Maternidad o castigo: Hacia la despenalización del aborto en México, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), ofrece un análisis exhaustivo y actualizado sobre la situación actual del aborto en el país, evidenciando que, aunque el acceso al aborto legal ha mejorado en algunas entidades, la criminalización persiste como un obstáculo fundamental para el ejercicio pleno de los derechos reproductivos.
Por Ana Paula Carbonell/@AnaPauCarbonel1
El aborto, entendido como la interrupción voluntaria del embarazo, es un procedimiento reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un servicio esencial de salud. Sin embargo, en México, sigue estando regulado principalmente bajo un régimen penal basado en causales y plazos. Esto significa que, en la mayoría de las entidades, el aborto es considerado un delito, salvo en ciertas excepciones que varían según el estado, lo que genera un marco normativo fragmentado y restrictivo. Este enfoque ha contribuido a la confusión, el miedo y la criminalización social y legal de las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden abortar.
El informe de GIRE subraya que la criminalización del aborto no solo limita la autonomía reproductiva, sino que también representa una violación a los derechos humanos. La maternidad no debe ser una función obligatoria ni un castigo para quienes no desean o no pueden continuar con un embarazo. La criminalización materializa la idea de que la maternidad es un destino inevitable para las mujeres, una concepción que permea tanto la cultura como las instituciones del Estado, y que se traduce en persecución penal, violencia institucional y estigmatización social.
Datos sobre la criminalización: denuncias, procesos y sentencias
Para comprender la magnitud de la criminalización, el informe analiza más de 500 solicitudes de información dirigidas a instituciones de salud, fiscalías y procuradurías, además de revisar sentencias y casos acompañados por GIRE entre 2012 y 2023. Los datos revelan que, en este periodo, se han registrado miles de denuncias por el delito de aborto, y que muchas personas gestantes han sido sujetas a procesos penales, incluyendo prisión preventiva y sentencias condenatorias.
Este fenómeno afecta especialmente a mujeres y personas en contextos de vulnerabilidad social y económica, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a servicios de salud seguros y a asesoría legal adecuada. La criminalización también alcanza al personal de salud, quienes en ocasiones son sancionados por brindar atención o información sobre aborto, lo que limita aún más el acceso a servicios médicos de calidad.
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