La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que busca expedir una nueva Ley de la Guardia Nacional y reformar leyes secundarias para otorgar al Ejército facultades de vigilancia y procesamiento de información sin establecer controles democráticos.
Organizaciones como R3D, Article 19 y SocialTIC advierten que estas reformas permitirían el acceso a datos personales y geolocalización en tiempo real, además de crear plataformas de identidad biométrica y telefonía móvil, sin salvaguardas adecuadas.
Por Vanessa Briseño @nevervb
La reciente iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha encendido alertas frente a la amenaza de los derechos humanos y digitales, así lo señaló en un comunicado la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Article 19 y SocialTIC.
La propuesta busca expedir una nueva Ley de la Guardia Nacional y modificar diversas leyes secundarias vinculadas al Ejército, otorgando a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) amplias facultades para procesar y utilizar información con fines de inteligencia, sin establecer mecanismos de control o supervisión externa.
El artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tal como se plantea reformar, ampliaría las atribuciones de la SEDENA para intervenir en tareas de seguridad nacional mediante la recopilación y análisis de datos personales. Este cambio generaría un marco legal que respalda prácticas previamente documentadas, como la vigilancia ilegal de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil, tal como lo evidenció la investigación Ejército Espía, realizada por la R3D.
La ley vigente de la Guardia Nacional ya presenta deficiencias en cuanto a salvaguardas para las tareas de inteligencia y la propuesta actual no las corrige. Por el contrario, retrocede en aspectos fundamentales, como la claridad sobre la necesidad de una orden judicial para acceder a datos conservados por empresas de telecomunicaciones o para rastrear en tiempo real la ubicación de dispositivos móviles.
Además de la reforma a la Ley de la Guardia Nacional, la iniciativa forma parte de un paquete legislativo más amplio que incluye modificaciones a leyes clave del sistema de seguridad pública e inteligencia. Entre las nuevas disposiciones, se plantea la creación de una Plataforma Nacional de Telefonía Móvil, la interconexión de bases de datos públicas y privadas, y el fortalecimiento de registros obligatorios de usuarios de telecomunicaciones, sin establecer filtros de supervisión ciudadana ni salvaguardas judiciales.
En paralelo, las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada imponen el uso obligatorio de una CURP biométrica para acceder a servicios, así como una Plataforma Única de Identidad. Esto consolidaría una infraestructura centralizada de monitoreo en tiempo real de la identidad de todas las personas en México, lo que podría facilitar prácticas intrusivas sin el consentimiento informado de la ciudadanía.
Las organizaciones R3D, Article 19 y SocialTIC han señalado que estas medidas representan una expansión sin precedentes de las facultades de vigilancia del Estado, en un contexto donde las normas de transparencia y protección de datos personales se han visto debilitadas. Según estas organizaciones, las reformas atentan contra el derecho a la privacidad, el debido proceso y otras garantías fundamentales.
Una de las principales preocupaciones es que estas atribuciones recaigan en instituciones militares, las cuales históricamente han operado sin mecanismos de rendición de cuentas adecuados en materia de derechos humanos. Esta concentración de poder en la SEDENA, sumada al carácter brumoso de las facultades de la Guardia Nacional en la nueva legislación, podría normalizar la vigilancia masiva sin control judicial.
El paquete legislativo, aunque formalmente enfocado en la seguridad pública, trasciende ese ámbito al habilitar la vigilancia estatal bajo el argumento de proteger la seguridad nacional. En consecuencia, R3D, Article 19 y SocialTIC, han exigido al Congreso de la Unión una revisión minuciosa de estas propuestas desde una perspectiva de derechos humanos, que garantice el equilibrio entre seguridad y libertad.
Frente a estas circunstancias, activistas y defensoras de derechos digitales llaman a la sociedad civil a mantenerse atenta y participar en el debate público sobre el alcance de la vigilancia estatal. También insisten en la necesidad de establecer límites democráticos que impidan el uso discrecional de tecnologías de monitoreo sin supervisión independiente.
El desarrollo de políticas públicas en seguridad no puede desligarse de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. De lo contrario, se corre el riesgo de institucionalizar la vigilancia sin controles, lo cual podría afectar gravemente el ejercicio de las libertades civiles en México.
