Paulina RÍOS
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la Recomendación 12/2025, tras acreditar violaciones cometidas por personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
La Recomendación que emitió es por el caso “Pijy”, una mujer Ayuuk que solo ha buscado justicia.
Siendo una adolescente, “Pijy” fue violada sexualmente por Plácido “N” y pese al temor de ser señalada socialmente, interpuso la demanda en contra de quien en 2022 era un líder de Morena.
En búsqueda de justicia pasaron nueve años sin que la joven Ayuujk no solo no la consiguiera, sino que el Estado volvió a violentar sus derechos.
El 20 de septiembre de 2022 se enteró que su demanda fue sobreseída debido a que suplantaron su identidad para exculpar al agresor sexual.
Mediante una artimaña de la más baja calaña, Plácido “N” utilizó a su actual pareja sentimental para lograrlo, y con ello además puso en evidencia la corrupción que existe en el Juzgado de Matías Romero y a su titular, el juez Omar Morales Simón.
Y esa corrupción también alcanzó a la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca.
La joven indígena, hoy de 26 años de edad, utiliza el sobrenombre de “Pijy” -palabra en Ayuuk que se usa para denominar a una flor-, para proteger su verdadera identidad.
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De acuerdo con la DDHPO, se vulneraron los derechos humanos a una vida libre de violencia y al acceso a la justicia, en su modalidad de indebida procuración, atribuibles a personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
La investigación se originó de oficio el 12 de octubre de 2022, a raíz de una nota publicada en el portal El Universal, titulada “Suplantan identidad de víctima para dar perdón a presunto violador, Fiscalía de Oaxaca no se dio cuenta”.
En dicha publicación se señaló que una mujer se hizo pasar por la víctima de violación para otorgar el perdón al presunto agresor, lo cual permitió que un juez revocara la orden de aprehensión.
Durante el proceso, la verdadera víctima relató que sufrió una agresión sexual en 2013 y, ante la falta de justicia, se vio forzada a abandonar su comunidad.
Años después descubrió que otra persona había usurpado su identidad, lo que llevó al sobreseimiento de la causa penal.
Con base en los hechos, la DDHPO determinó que existieron graves omisiones por parte del personal ministerial, lo que vulneró los derechos fundamentales de la víctima y propició condiciones de impunidad.
Tras la emisión de la Recomendación, el activista Joaquín Galván y la víctima “Pijy”, emitieron un comunicado en el que recuerdan que este caso fue otro que acompañó la abogada y activista Sandra Domínguez.
Asimismo, adelantan que ofrecerán una conferencia de prensa para informar sobre el seguimiento a esta Recomendación.
Ante ello, la Defensoría recomendó a la FGEO:
- Coordinar con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas la inscripción de la agraviada en el Registro Estatal de Víctimas.
- Garantizar su acceso a medidas de ayuda, atención y reparación integral del daño, incluyendo apoyo psicológico y compensación.
- Colaborar con la denuncia administrativa que presentará esta Defensoría ante la Visitaduría General.
- Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa.
- Implementar un curso obligatorio sobre derechos humanos, acceso a la justicia y perspectiva de género para su personal.
- Emitir una circular interna para fortalecer los mecanismos de verificación de identidad en las investigaciones ministeriales.
La DDHPO reiteró su compromiso con la justicia, la legalidad y la dignidad humana, y aseguró que mantendrá vigilancia para que estos hechos no queden impunes ni se repitan.
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