Jaime GUERRERO
El Senado de la República avaló las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al proyecto de decreto que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La aprobación, con 83 votos a favor de Morena, PT y PVEM frente a 38 en contra de PAN, PRI y MC en lo general, y 81 a favor contra 31 en lo particular, busca perfeccionar el amparo como garante de derechos fundamentales, evitando su uso dilatorio en materia fiscal que obstaculice la recaudación y afecte el interés social.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que la iniciativa proviene de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y fue analizada en audiencias con 41 especialistas por las comisiones de Justicia, Hacienda y Crédito Público, y Estudios Legislativos.
Tras modificaciones sustanciales en comisiones, el dictamen llegó al Pleno y, una vez aprobado, se envió a Diputados, que solo ajustó artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, y los transitorios primero, tercero, cuarto y quinto.
Entre los cambios clave, el artículo 128 fracción III sustituye “interés público” por “disposiciones de orden público” para eliminar ambigüedades y proteger el carácter garantista del amparo. Se suprime la fracción V sobre “daños de difícil reparación” para armonizar con principios de progresividad y acceso a la justicia.
En el 129 fracción XVI, se precisa que actividades sin autorización federal son contrarias al orden público, eliminando referencias a revocaciones o suspensiones para mayor claridad jurídica.
El debate se centró en el nuevo artículo tercero transitorio, calificado por opositores como retroactivo pese a las precisiones.
Este establece que, al ser ley procesal, las etapas concluidas con derechos adquiridos se rigen por normas vigentes al inicio del proceso; las actuaciones posteriores a la entrada en vigor seguirán el decreto, “sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”, alineado con la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Castillo Juárez, destacó que la cámara de Diputados incorporó este transitorio para precisar la substanciación de asuntos en trámite, manteniendo el espíritu original sin cambios sustanciales.
Opositores lo tildaron de “ley de desamparo”. La senadora de MC Alejandra Barrales Magdaleno criticó que, pese a la solicitud de Sheinbaum de eliminarlo, Diputados insistió en su “aplicación retroactiva”.
Carolina Viggiano Austria (PRI) lo vio como un “show” para concentrar poder y recaudar ante la quiebra fiscal, sin corregir problemas graves. Del PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez lo llamó “cortina de humo” que debilita el amparo y viola la progresividad constitucional.
El senador de MC Clemente Castañeda Hoeflich presentó una moción suspensiva, rechazada por votación económica, argumentando que es “regresiva” y vulnera derechos al redefinir el interés legítimo.
En contraste, Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena) defendió que “no existe retroactividad” y protege derechos adquiridos, perfeccionando el amparo contra abusos. Luis Alfonso Silva Romo (PVEM) celebró el consenso entre cámaras como “óptimo” para el contexto actual.
Se rechazaron reservas de PAN y PRI. El dictamen fue remitido al Ejecutivo Federal para efectos constitucionales.
