Jaime GUERRERO
El avance inexorable del mar ha convertido a la Colonia Cuauhtémoc, una agencia municipal de San Mateo del Mar, en un símbolo trágico del impacto del cambio climático en las comunidades costeras de Oaxaca.
Casi ocho de cada 10 habitantes de esta zona –aproximadamente 80% de sus 1,200 residentes locales– han sido desplazados de sus hogares en los últimos años, obligados a abandonar sus viviendas ante la erosión costera que amenaza con engullir por completo el asentamiento.
San Mateo del Mar, un municipio del distrito de Juchitán en la región del Istmo de Tehuantepec, se extiende sobre 98.48 kilómetros cuadrados en la costa del Pacífico oaxaqueño, bordeando la Laguna Superior y el Golfo de Tehuantepec.
Con una población total de 7,239 habitantes según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, esta localidad es predominantemente indígena: el 92.5% de sus residentes se identifica como parte de pueblos originarios, principalmente los ikoots (huaves), cuya lengua materna es hablada por más del 70% de la población.
Económicamente, el municipio depende en un 65% de la pesca artesanal y la agricultura de subsistencia, con tasas de pobreza extrema que superan el 75%, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de 2022.
Su ubicación en una franja costera baja y pantanosa lo hace particularmente vulnerable: el 40% de su territorio está por debajo de los 10 metros sobre el nivel del mar, exacerbando los riesgos de inundaciones y salinización de suelos.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, calificó este fenómeno como “un tema de carácter natural, el primero en su tipo en el estado y el país”, expuso al comparar el retorno de 63 familias a la agencia Guadalupe Victoria, en San Juan Juquila Mixes, quienes habían sido desalojadas por un conflicto agrario prolongado.
“Este caso de Colonia Cuauhtémoc marca un precedente: no es violencia humana, sino la furia de la naturaleza la que nos obliga a actuar”, afirmó el mandatario, quien anunció apoyos para reubicación en zonas seguras del Istmo.
El Gobierno del Estado de Oaxaca lo ha reconocido formalmente como el primer caso de desplazamiento forzado atribuible al cambio climático, un hito en la agenda ambiental nacional.
Instituciones como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han validado la inhabitabilidad de la zona tras estudios detallados.
Según sus informes, el nivel del mar en la región ha aumentado en 13 milímetros anuales –casi tres veces la media global–, impulsado por el calentamiento oceánico y la subsidencia del suelo.
Expertos de la UNAM estiman que, en más de medio siglo, el mar ha avanzado más de 700 metros hacia el interior, devorando manglares protectores y contaminando pozos de agua dulce.
Este desplazamiento no es un hecho aislado, sino parte de una crisis más amplia en Oaxaca, donde se han documentado 23 casos de movilidad forzada en la última década, muchos ignorados por los gobiernos de los dos sexenios anteriores (2010-2018 y 2018-2024).
Además de los conflictos agrarios –que representan el 60% de los registros–, hay incidencias por motivos religiosos y sociales. Comunidades como Santiago Camotlán (en la Sierra Norte), Tierra Negra y San Andrés de la Montaña (en La Cañada), El Guayabo y Guerrero Grande (en la Mixteca) han visto a cientos de familias huir de disputas territoriales o tensiones intercomunitarias.
En el Istmo, el cambio climático agrava estos escenarios: tormentas como Otis (2023) y el huracán Patricia (2015) han acelerado la erosión en un 30%, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Mientras el mar sigue reclamando su territorio, las familias desplazadas –muchas ahora en refugios temporales en Juchitán– claman por soluciones que preserven su cultura y medios de vida en un Oaxaca cada vez más frágil ante el calentamiento global.
