*Congreso declara el 4 de diciembre como “Día Estatal de la Libertad Religiosa”.
Jaime GUERRERO
Oaxaca ocupa el segundo lugar nacional en casos de intolerancia religiosa. Según la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, entre 2019 y 2024 se abrieron 11 expedientes y tres cuadernos de antecedentes por este motivo.
A agosto de 2024, la Secretaría de Gobierno reportaba 27 conflictos religiosos vigentes, de los cuales 14 permanecían activos, con actos de violencia, amenazas y desplazamientos forzados, principalmente contra comunidades evangélicas en la Costa, la Cuenca del Papaloapan y la Sierra Norte.
En medio de ese escenario, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad un punto de acuerdo impulsado por las diputadas Dennis García Gutiérrez, Tania López López, Haydee Irma Reyes Soto y el diputado Juan Marcelino Sánchez Valdivieso, del Grupo Parlamentario de Morena, para declarar el 4 de diciembre de cada año como “Día Estatal de la Libertad Religiosa”, fecha que conmemora la promulgación en 1860 de la Ley sobre Libertad de Cultos por el presidente Benito Juárez.
Desde tribuna, García Gutiérrez subrayó que “la libertad religiosa es un derecho humano reconocido en México, en tratados internacionales y en nuestra legislación local”.
Recordó que la ley juarista de 1860 consolidó el Estado laico y permitió por primera vez el ejercicio público de distintas confesiones.
“Esta propuesta procura dar un trato de igualdad a todas las expresiones de fe y respetar estrictamente un derecho fundamental”, afirmó.
La legisladora morenista vinculó la declaratoria con la reforma de 2022 al artículo 412 Bis del Código Penal estatal, que ya castiga la discriminación por motivos religiosos, incluyendo la imposición de cuotas, castigos o servicios obligatorios ligados a la creencia mayoritaria.
Con la nueva conmemoración anual se busca, reconocer el origen histórico del derecho a la libertad religiosa en México.
Promover educación cívica y derechos humanos, visibilizar la intolerancia religiosa actual, impulsar diálogos y conciliación entre comunidades y autoridades y Fortalecer una cultura de respeto, pluralidad y convivencia pacífica.
La intolerancia religiosa sigue siendo uno de los principales focos rojos de violaciones a derechos humanos en Oaxaca, donde comunidades enteras siguen enfrentando expulsiones, cortes de servicios básicos y violencia por profesar una fe distinta a la tradicional en sus municipios.
