Jaime GUERRERO
Con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, la Cámara de Diputados avaló en lo general la reforma que expide la Ley General de Aguas y modifica la Ley Nacional de Aguas, con lo que se transforma el régimen de concesiones, asignaciones, explotación y distribución del agua en México.
La sesión transcurrió entre enfrentamientos entre la mayoría de Morena y aliados, que defendieron la iniciativa como una reivindicación del agua como “patrimonio nacional” y derecho humano, y la oposición (PAN, PRI, MC), que la calificó de “expropiación disfrazada”, “madruguete legislativo” y un mecanismo de control político y recaudatorio.
Entre los principales cambios aprobados, se elimina la transmisión automática de derechos de agua al vender, arrendar o heredar una propiedad.
Se crea el mecanismo de “reasignación de volúmenes”, que deberá ser aprobado por un nuevo Comité del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, presidido por el titular de Conagua e integrado por secretarías como Hacienda y Bienestar.
Conagua gana facultades extraordinarias para emitir acuerdos transitorios o permanentes en casos de emergencia, escasez o sobreexplotación, y para garantizar la “seguridad hídrica”.
Se amplía de uno a dos años el plazo previo al vencimiento para solicitar prórrogas de concesiones.
Se reconoce el concepto de “uso agropecuario familiar” y se establece que combinar actividades agrícolas y pecuarias no implica cambio de uso.
Se crean nuevos delitos contra las aguas nacionales (traslado doloso, alteración de cauces, otorgamiento de concesiones a cambio de beneficios), se incrementan multas y se tipifican penas de prisión.
Quedan exceptuadas las personas que usen el agua para fines personales, domésticos o agropecuarios familiares.
El priista Humberto Ambriz advirtió que la reforma genera “inseguridad jurídica absoluta” al separar el derecho de propiedad de la tierra del derecho al agua:
“La parcela quedará dividida: la tierra por un lado y el agua por el otro. Se centraliza todo en una autoridad federal con facultades discrecionales, se condicionan prórrogas y reasignaciones al cumplimiento fiscal y a criterios vagos de ‘responsabilidad hídrica’, lo que abre la puerta a usar el agua como instrumento de control político y recaudatorio”.
El panista Paulo Gonzalo Martínez señaló que más de 90 cambios de última hora demuestran que “el dictamen no se sostiene por sí mismo” y que Conagua no tiene capacidad técnica ni operativa para asumir la carga que se le impone.
“Quieren meter toda el agua al Fondo de Reserva para que una sola persona, desde un escritorio, decida quién riega, quién siembra y quién sobrevive”, afirmó.
La sesión alcanzó su punto más álgido cuando el morenista Gabriel García subió a tribuna con carteles que denominó “el cártel del agua” y señaló al exgobernador de Chihuahua, César Duarte (PRI), y al expresidente Vicente Fox como presuntos acaparadores de 50 y 3 mil 114 millones de metros cúbicos de agua, respectivamente.
“Esto es lo que está llegando a su fin y eso es lo que están llorando. Esta ley va a reivindicar el derecho humano al agua y a convertirla en verdadero patrimonio nacional”, proclamó García, quien aseguró que los derechos de ejidos y pequeña propiedad quedan “blindados”.
En respuesta, la panista Annia Sarahí Gómez replicó: “Mientras los agricultores del norte ven pozos secos, la familia de la morenista y exministra Olga Sánchez Cordero acumula concesiones por más de 2.6 millones de metros cúbicos al año en Nuevo León.
Ella es notaria, ¿para qué necesita tanto agua? Si van a señalar a otros, mírense primero ustedes mismos”.
Con el aval en lo general, la discusión en lo particular continuará en las próximas horas. La oposición anunció reservas para intentar revertir lo que consideran los artículos más lesivos del nuevo marco legal del agua en México.
