La seguridad comunitaria es el proceso continuo para garantizar condiciones colectivas para ejercer la defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mediante una serie de estrategias y capacidades que posibiliten la salvaguarda de la integridad física, psicológica, emocional, colectiva y comunitaria de las defensora y defensores, en el territorio que habitan.
Este y otros puntos sobre la problemática de riesgo que hoy define la defensa del territorio en un país como México; donde tan solo en el 2024 se registraron 21 homicidios y cuatro ejecuciones extrajudiciales a manos de integrantes del estado nación, en contra de personas defensoras del medio ambiente; se dieron cita en la presentación en Oaxaca de la Guía de Seguridad Comunitaria para Defensoras de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esfuerzo coordinado por la organizaciones civiles ProDESC AC e Iniciativa para la Justicia Transnacional, y asesorado en su propuesta final por el organismo defensor de derechos humanos, Consorcio Oaxaca.
En la mesa de reflexión del evento se estableció que Oaxaca se ha posicionado nuevamente como el estado del país con mayor número de agresiones a personas defensoras del medio ambiente, registrando 42 tipos de agresiones, incluyendo dos ejecuciones extrajudiciales y una violencia estructural en la que el estado ha sido identificado como el principal agresor con sus fuerzas vivas y secretas procurando la difamación,
intimidación, estigmatización y hostigamiento como métodos de control para la preservación de intereses que se confunden entre propios y absolutamente unificados con los activos de grupos empresariales y criminales.
Por su parte, Yesica Sánchez Maya, integrante de la mesa directiva de Consorcio para el Diálogo y la Equidad apuntó que, en el caso de Oaxaca, hoy se ve afectada por el despojo y el extractivismo que condesan en sus métodos los leoninos intereses de un modelo económico, hegemónico y mundial que tiende a hacer trillonarios a los más ricos y miserables a los más pobres.
“Oaxaca se encuentra desde hace veinte años en una disputa por sus bosques, por la tierra, por el agua. Una disputa por una identidad oaxaqueña que se ha folclorizado y mercantilizado hasta el absurdo”, declaró la abogada, recordando que en el territorio oaxaqueño casi el 76% es propiedad social, cuestión por la que hoy se encuentra amenazado por el advenimiento gubernamental de megaproyectos de energía eólica, hídrica y térmica, la construcción de carreteras y libramientos, y la imposición de proyectos de urbanización que comprenden irregulares desarrollos inmobiliarios y la construcción de centros comerciales faraónicos y totalmente innecesarios. Con una explotación minera que todo el tiempo amenaza la preservación de los mantos acuíferos de los pueblos y la destrucción de sus ecosistemas.
Problemática sobre la que Sánchez Maya destacó las agresiones a defensoras y defensores vía militarización y posterior criminalización de sus demandas, la invasión a tierras comunales y el azote de los carteles madereros en la Sierra Sur, la construcción del tren transístmico en el Istmo de Tehuantepec con su paquete de vías y zonas y corredores industriales con inexistentes estudios de impacto ambiental, contra los cuales los pueblos y comunidades no se han dejado de rebelar.
Coronando el panorama de despojo oaxaqueño con todo lo que hoy se está suscitando en la Costa y el pillaje y gentrificación de la propiedad de sus playas, la presión inmobiliaria contra tierras comunales y áreas naturales protegidas, la falta de agua cortesía de una corrupta expansión hotelera, y la paradoja de un Puerto Escondido, que hoy con la apertura de una nueva super veloz carretera, se enfrenta a la mayor demanda turística de su historia en momentos en los que la antes paradisiaca población, no cuenta siquiera con un sistema de drenaje y agua potable que sustente el arribo de tanto nuevo ocupante.
Por su parte, la activista Sofia Parra de Moya, de ProDESC, se mostró de acuerdo en que hoy las empresas transnacionales a la hora de la inversión tienen por práctica la cooptación inmediata de las autoridades. Momento en el que los gobiernos empiezan a funcionar como bisagra en la expansión de los intereses empresariales en su búsqueda de control territorial. Destacando la dicotomía que se establece cuando es la propia mano de obra precarizada sin garantía de derechos laborales, la que se acaba oponiendo a la defensa de su propio territorio, y como esta contradicción es tramada por las propias empresas invasoras que ven en la división comunitaria una señal de triunfo.
Parra apuntó también lo susceptible que resultan las defensoras de territorio a ser excluida de los espacios de tomas de decisión y negociación, y sobre todo, a correr riesgos adicionales por su condición de género, con campañas de difamación en que las connotaciones sexistas y machistas se vuelve omnipresentes amenazando los círculos más inmediatos que las sostienen, tales como las infancias y las familias
Finalmente, la activista comunitaria Maricela Zurita, del Colectivo Chatino, destacó a la asamblea y el tequio como formas de colaboración que sustentan a las comunidades, dijo que la defensa del territorio también se debe tramar desde la comunicación y educación comunitaria, con la construcción de espacios más justos y equitativos y el establecimiento de sistemas de producción audiovisual producidos por el pueblo para el pueblo.
En su experiencia, Zurita señaló que los riesgos de la defensa del territorio se traducen según los temas y los silencios y complicidades que estos puedan desentrañar, tales como el abuso sexual infantil, la violencia de género, o la violencia digital contra las mujeres, donde el filtro patriarcal de impunidad aparece incluso desde adentro de las mismas comunidades.
En su experiencia, Zurita señaló que los riesgos de la defensa del territorio se traducen según los temas y los silencios y complicidades que estos puedan desentrañar, tales como el abuso sexual infantil, la violencia de género, o la violencia digital contra las mujeres, donde el filtro patriarcal de impunidad aparece incluso desde adentro de las mismas comunidades.
Zurita destacó la amenaza que el modelo asistencialista que hoy promueve el estado, significa para el devenir comunitario. Pues no es que las becas y los apoyos sean malos, sino que estos han instalado un discurso en el que parece que ya no se puede cuestionar nada ni a nadie, pues se asume que como llega el dinero, todo va muy bien. En consecuencia, el trabajo del campo se desvaloriza y cualquier tipo de critica se interpreta por el poder como una jurada oposición política, susceptible de ser perseguida y silenciada.
“Crea ceguera ciudadana y dificulta seriamente el discutir los riesgos que atraviesan los territorios. A esto hay que sumarle la vacía dictadura de las redes sociales que todo el tiempo promueven que comer, como vestir, que comprar y donde vivir. El resultado es que nos estamos desconectando cada vez más de la realidad”, reflexionó la defensora chatina del territorio.
