Jaime GUERRERO
El pleno del Congreso del Estado vivió este martes una de las sesiones más controvertidas de la LXV Legislatura al debatirse, desde ángulos opuestos, el proceso de revocación de mandato al que se someterá el gobernador Salomón Jara Cruz, tras la entrega de más de 600 mil firmas ciudadanas al IEEPCO el pasado 1 de diciembre.
El debate se abrió con un punto de acuerdo presentado por la diputada de Movimiento Ciudadano, Alejandra García Morlán, quien exigió al Instituto Estatal Electoral investigar y, en su caso, sancionar al mandatario por presunta violación a la neutralidad electoral.
García Morlán enumeró declaraciones públicas del gobernador –emitidas en conferencias oficiales y en sus redes sociales– en las que, según la legisladora, Jara Cruz promueve activamente el ejercicio,desde anunciar que “el proceso va bien” hasta pedir a “sus amigos” que estén presentes en los 570 municipios.
“Son mensajes que parten de la investidura oficial y se difunden por canales oficiales; eso altera la equidad y convierte la revocación en un instrumento del poder en lugar de una herramienta ciudadana”, sentenció la emecista, quien insistió en que su exhorto “no es político-partidista, sino institucional”.
Desde la bancada del PT, el diputado Dante Montaño Montero fue más allá y cuestionó la legitimidad misma de la recolección de firmas.
Calificó la entrega de 600 mil rúbricas exactamente al minuto uno del 1 de diciembre como “una burla a la inteligencia” y acusó a los promotores –a los que identificó como excolaboradores de Morena en legislaturas anteriores– de haberse “graduado en mapacheo electoral” utilizando padrones de beneficiarios estatales y oficinas públicas en horario oficial.
“Veinte mil firmas diarias no se juntan tocando puertas; se juntan con coacción y con el aparato del Estado”, afirmó Montaño, quien advirtió que, pese a la resolución de la Suprema Corte que validó el proceso, la oposición seguirá “retorciendo los recovecos jurídicos” para impedir que la revocación se concrete.
La respuesta morenista llegó en asuntos generales por conducto de la diputada Mónica Belem López Javier, quien tachó las críticas de MC y PT de “incredulidad elitista”.
“Cuando alguien considera imposible que el pueblo se organice por su cuenta, esa incredulidad no habla de la incapacidad de la gente, sino de las limitaciones de quien no conoce el territorio”, replicó.
López Javier resaltó que fueron miles de jóvenes –no el gobierno– quienes recorrieron comunidades de sol a sol para juntar las firmas, y contrastó esa movilización con el hecho de que varios de los críticos llegaron al Congreso por la vía plurinominal “sin haber tocado una sola puerta”.
“Es natural que duden de lo que nunca han hecho”, remató, mientras su bancada estallaba en aplausos.
El debate dejó en evidencia tres posturas irreconciliables.
Movimiento Ciudadano centró su ataque en la presunta intervención del gobernador y exige investigación inmediata al IEEPCO por violación a la neutralidad.
El PT fue al fondo y cuestionó la autenticidad de las firmas, acusando uso indebido de recursos públicos y coacción.
Morena defendió la legitimidad ciudadana del proceso, presenta la recolección como una proeza popular y descalifica a la oposición como “desconectada del pueblo”.
Con más de 600 mil firmas ya en poder del IEEPCO –cifra que supera con creces el 10 % del padrón requerido–, el instituto tiene ahora la tarea de validarlas en un ambiente de máxima polarización.
Mientras la oposición amaga con impugnaciones en cascada, la mayoría morenista confía en que el “pueblo sabio” ratificará a Salomón Jara en las urnas.
Lo que comenzó como un ejercicio inédito de democracia participativa en Oaxaca se ha convertido, apenas iniciado, en un nuevo capítulo de la guerra política entre la Cuarta Transformación y sus adversarios.
El siguiente round lo librará el árbitro electoral.
