Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- Prisión de 3 a 9 años para los servidores públicos que simulen actos jurídicos o contables para justificar el uso indebido de los recursos públicos y para los que sustraigan documentación e información del Estado o Municipios. Prisión de 2 a 8 años para servidores públicos que no realicen la entrega de la administración a su cargo o no reciban la administración a su cargo, propuso la Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso, Eva Diego Cruz.
Mediante una adición del capítulo V “Delitos cometidos en el ejercicio de la gestión pública estatal o municipal”, título octavo, del código penal para el estado de Oaxaca, la perredista, justificó esa propuesta, al revelar que 311 administraciones municipales que fungieron en el periodo 2014-2016 no realizaron la formal entrega recepción a la administración entrante, lo que equivalen al 55 % del total de los 570 Municipios.
Así mismo, 143 Municipios presentaron inconsistencias en la entrega recepción de la administración municipal, que equivalen a un 25 % del total de los 570 Municipios del Estado; 61 Municipios presentaron acta de entrega recepción sin expediente, lo equivale a un 11 por ciento.
En suma, Diego Cruz, destacó que existe un 91 por ciento de irregularidades en el proceso de entrega recepción de la administración pública municipal saliente del periodo 2014 – 2016 a la entrante del periodo 2017 – 2018 ó 2017 -2019, es decir, solo el 9 % de los Municipios del Estado cumple con los estándares de ley.
“Existe un incumplimiento de casi todos los servidores públicos municipales del Estado, de la obligación de realizar la entrega recepción”, lamentó.
También, se detectó que durante el último año de la administración municipal los servidores públicos de la administración saliente no entregaron los informes de avance y la cuenta pública del último trimestre.
Esa irregularidad, ha creado un problema para establecer los saldos de las cuentas contables, presupuestales y económicas que estos entes públicos tenían al cierre de su administración el día 31 de diciembre del año 2016;
“El desconocimiento de los saldos al cierre de la administración saliente genera un problema para el inicio de la administración entrante, quien no puede arrastrar saldos históricos y consecuentemente generar la información de los avances de gestión financiera para la nueva administración”, apuntó, Diego Cruz.
El derecho penal como necesidad del Estado para regular conductas que afectan a otros y señalar sus castigos correspondientes, debe obedecer a la finalidad de lograr el equilibrio entre el orden y la convivencia pacífica de la sociedad, justificó.
Propuso también, prisión de 2 a 4 años para los servidores públicos que omitan cumplir con los requerimientos de los órganos competentes para la revisión y fiscalización. Y todas las penas se duplicarán en los casos de reincidencia.
“A grandes males, grandes remedio, la administración pública estatal y la municipal, se tiene que cambiar, debemos poner fin a los saqueos en los municipios y en el Estado y hasta en el Congreso del Estado, como sucedió en la Legislatura anterior”, remató la perredista.
