The Wall Street Journal informó que debido a diferentes disposiciones de orden incluso constitucional, el proceso de expropiación de tierras podría prolongarse por años.
El diario The Wall Street Journal (WSJ) afirmó que el proceso de expropiación de tierras para construir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, representa un proceso complicado que podría tomarle años al gobierno encabezado por Donald Trump.
El medio estadounidense indicó a través de su portal web que las negociaciones para disponer del territorio donde se supone se erigirá el muro, deberá hacerse de manera individual, lo cual además requerirá «una cantidad asombrosa de papeleo e investigación».
Los anterior fue corroborado por expertos legales que indican que el llamado «dominio eminente», que es la disposición del gobierno de Estados Unidos para expropiar terrenos en pro del bien de la nación, dificultará los planes de las autoridades federales.
De acuerdo a lo informado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, cerca del 67 por ciento del territorio fronterizo que se pretende sería ocupado para construir la estructura, es propiedad de entidades privadas o estatales.
Cabe destacar que la Constitución de Estados Unidos ordena que los dueños de tierras que sean expropiadas por el gobierno, deben recibir una compensación justa, lo cual supone que el proceso total de apropiación de predios se prolongará por años.
La investigación de The Wall Street Journal cita a Robert McNamara, un abogado experto en el tema que refirió que “podría tomar meses o incluso años para que la administración Trump negociara individualmente con los cientos de dueños de tierras privadas a lo largo de la frontera”, además de que precisó, los abogados del gobierno a veces tienen que ir a los tribunales sólo para obtener acceso a las propiedades para obtener los avalúos correspondientes.
Por otro lado un reporte del Departamento de Seguridad Interna asevera que “la adquisición de bienes raíces de propietarios no federales es un proceso costoso y demorado”.
Finalmente se expuso que el gobierno de Donald Trump debe notificar a cualquier persona propietaria de un terreno sobre el que se tenga interés expropiatorio, incluidos bancos u otras entidades con un embargo preventivo, por lo cual de forma previa debe identificar y avisar a las miles personas que son dueñas de los predios en cuestión.
