Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- Mientras en los estados más pobres del país como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los municipios incluidos en la estrategia del Programa “El Campo en Nuestras Manos” es menos del 10 por ciento, en otros estados en donde no existe una pobreza tan acentuada -pero habrá elecciones- se cubre prácticamente todo el territorio.
En el Estado de México se incluyen el 91 por ciento de los municipios; en Coahuila el 87 por ciento; y en Nayarit el 65 por ciento.
«Para quien quiere ver, no hay casualidades. Todos sabemos que la diferencia en algunos de esos estados es que tienen elecciones en las próximas semanas. Eso significa, además de un uso clientelar de los programas, discriminación para mujeres indígenas de escasos recursos que necesitan los programas”, asestó la diputada federal del PRD, Karina Barón Ortiz.
La legisladora poo Oaxaca, demandó cuidar el uso indebido de los recursos que deben ser para los campesinos.
Y es que en el Estado de Chiapas, serán incluidos en el Programa “El Campo en Nuestras Manos, el 6 por ciento de los municipios; en Guerrero 7 por ciento y en Oaxaca, el 14 por ciento; en otros estados en donde no existe una pobreza tan acentuada se cubre prácticamente todo el territorio.
Po lo pronto, presentó ante el pleno del Congreso Federal, un exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que a la brevedad emita nuevas convocatorias de este programa, pero además, que los términos se ajusten a la finalidad para la cual fue concebido y no a otros intereses.
«Yo espero que el gobierno federal acepte que es mejor corregir que persistir en el error. Está en juego el trabajo y la vida de miles de personas del campo, principalmente mujeres. Justicia. Es lo que exigimos», asentó.
Insistió que 2017 es un año en que la ciudadanía debe tener especial cuidado en el probable uso electoral de los programas de gobierno. El Campo en nuestras manos es la muestra», dijo.
En su análisis, las condiciones en que fueron emitidas las reglas de la primera convocatoria de este año, resultaron deficientes e indebidas.
«No contemplan que la población abierta pueda ser posible beneficiaria, sino que limitan la participación. Esta ya es una diferencia negativa en relación a años anteriores», criticó.
Lo grave, apuntó, es que Sagarpa además de limitar la convocatoria, establece criterios de asignación al menos sospechosos.
Puso el ejemplo de los municipios de donde se seleccionarán los beneficiarios, según esas reglas iniciales.
