Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Con 37 bloqueos carreteros durante en sábado 17 y domingo 18, así como retención de vehículos de empresas transnacionales y marchas, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) inició acciones para conmemorar el desalojo fallido del 19 de Junio de 2016 en Asunción Nochixtlán.
Mientras que en Nochixtlán, el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, y el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, participaron en un conversatorio.
A un año de la tragedia en Nochixtlán, las instituciones de derechos humanos llamaron al diálogo, a una investigación exhaustiva y a proveer garantías de no repetición, ya que el operativo fallido del 19 de junio de 2016 dejó ocho muertos y 198 heridos, de los cuales 84 civiles presentan lesiones por disparos de armas de fuego.
Luego de realizar un recorrido conjunto por Hacienda Blanca, Huitzo y Nochixtlán, en el estado de Oaxaca donde se registraron una serie de hechos violentos que ocasionaron personas muertas y heridas, así como daño psicológico a docenas de niños y niñas, reiteraron su condena de estos hechos.
La DDHPO, la CNDH y la ONU-DH exhortan a las autoridades de procuración de justicia a cimentar y concretar su actuación ante la ausencia de resultados de las investigaciones realizadas.
Reconocieron que “es cierto que los operadores de procuración de justicia han tenido dificultades de acceso al lugar de los hechos por la falta de confianza expresada por la población en las autoridades encargadas de la investigación. No obstante lo anterior, ésta debería poder identificar las fallas que ocasionaron tal grado de violencia, las órdenes emitidas en este sentido y las personas presuntamente responsables”.
Pero también deben implementar medidas de no repetición, las fallas detectadas deberían ser reflejadas en una mejora de los protocolos de las fuerzas de orden público, tanto estatales como federales.
Esto debe traducirse en que todo operativo policial debe tener como premisa esencial el respeto del derecho a la vida e integridad física y planificarse e implementarse con estricto apego a los principios básicos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego, incluyendo los principios de necesidad y proporcionalidad.
Insistieron en que cualquier uso de fuerza por parte de las autoridades que cause heridos o muertos debe ser investigado de manera exhaustiva, diligente e imparcial para deslindar las responsabilidades administrativas y penales a que hubiera lugar, incluyendo la responsabilidad de los mandos superiores que participaron directamente en los hechos.
No obstante lo anterior, ésta debería poder identificar las fallas que ocasionaron tal grado de violencia, las órdenes emitidas en este sentido y las personas presuntamente responsables.
Y como medidas de no repetición, las fallas detectadas deberían ser reflejadas en una mejora de los protocolos de las fuerzas de orden público, tanto estatales como federales.
Consideran que los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 deben ser interpretados en el contexto histórico y social del estado de Oaxaca.
Y es que el rezago en el goce igualitario de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, históricamente ha generado un clamor de justicia social que no ha sido debidamente atendido. Las causas estructurales que propician
situaciones que pueden tornarse violentas deben ser abordadas de forma efectiva.
Finalmente la DDHPO, la CNDH y la ONU-DH exhortaron a las autoridades federales y estatales a retomar los esfuerzos de diálogo con las víctimas hasta lograr el pleno acceso de éstas a la salud, a la reparación integral del daño y a la justicia.
Al mismo tiempo reafirmaron su disposición para asistir técnicamente al estado de Oaxaca y a la federación en el avance de la resolución de este caso y reiteran su apoyo y solidaridad a las víctimas y sus familiares.
MAGISTERIO
Por su parte el magisterio de Oaxaca convoco a sus bases a realizar bloqueos carreteros en los 37 sectores de tal manera que incomunicaron al estado con entidades vecinas de Guerrero, Chiapas, Puebla y Veracruz.
En el Istmo de Tehuantepec, el magisterio estableció bloqueos carreteros en Salina Cruz y Juchitán como centros de acopio de víveres para los damnificados por las lluvias y el incendio en la Refinería de Petróleos Mexicano “Antonio Dovalí Jaime”.
Los otros fueron instalados en la caseta de peaje en la autopista de la carretera 184 , precisamente en Ixtepec, en el Puente de Zanatepec en la carretera 190 y en la 185, en el crucero de Matías Romero.
También realizó un marcha del monumento a Benito Juárez en Trinidad de Viguera al crucero de Hacienda Blanca para recordar los hechos de violencia suscitados en ese lugar el 19 de junio de 2016.
