Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El juez séptimo de distrito de Salina Cruz, Nelson Loranca Ventura, multó a las y los 42 diputados del Congreso del Estado de Oaxaca por desacato al Poder Judicial de la Federación porque incumplieron el juicio de amparo 426/2016 promovido por Rafael García Zavaleta.
Por lo “omisión, ignorancia o complicidad”, integrantes de la LXIII Legislatura local desacataron el apercibimiento del Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz y solo cuando se dieron cuenta que podría iniciárseles un proceso de inhabilitación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron un decreto de manera fast track.
Al vencer el término legal que les dio el Poder Judicial de la Federación, el juez impuso a cada uno de las y los diputados propietarios una multa equivalente a la cantidad de 200 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México que asciende a 16 mil 008 pesos, al tiempo que se giró oficio al administrador local de Recaudación de Rentas para que se haga efectiva la multa impuesta a integrantes de la LXIII legislatura local.
Al ser notificados de la sanción y la posibilidad de tener la inhabilitación, las y los diputados sesionaron de inmediato ese mismo jueves 22 de junio y a las 13:00 horas el Congreso emitió un decreto que contempla una partida especial para que los ayuntamientos paguen laudos y sentencias.
Ahora, el presidente municipal de Salina Cruz, el priista Rodolfo León Aragón, tendrá que acatar la orden del juez federal de pagar dos millones de pesos al licenciado Rafael García Zavaleta por los servicios profesionales prestados a ese ayuntamiento, de lo contrario, podría iniciársele un proceso de inhabilitación a todo el cabildo.
Cabe mencionar que en el trienio (2005-2007), la entonces presidenta municipal de Salina Cruz, Edith Escobar Camacho, firmó un contrato de servicios profesionales con el licenciado Rafael García Zavaleta para llevar el caso del ayuntamiento en contra de Petróleos Mexicanos que se negaba a pagar el predial.
García Zavaleta interpuso un juico y logró embargar un barco remolcador de Pemex, situación que obligó a la paraestatal a negociar y pagar 12 millones 600 mil pesos por concepto de predial, el cual se iba a utilizar para el mercado de mariscos; sin embargo, la presidenta municipal se quedó con el dinero y tampoco le pagó los honorarios al abogado.
Ante el incumplimiento de contrato, García Zavaleta inició una demanda civil en contra del ayuntamiento y aunque la jueza civil de Salina Cruz emitió una sentencia a favor del abogado no le pagaron con el argumento de que los bienes municipales son inembargables, esto porque la Cámara de Diputados no había querido legislar que los presidentes municipales se hagan responsables y sí se embarguen sus cuentas bancarias.
Debido a que la jueza civil de Salina Cruz se negaba actuar y no quería embargar, por eso interpuso un juicio de amparo en el Juzgado de Distrito, el cual ordenó al Congreso del Estado emitir un decreto como marca la Ley Orgánica Municipal en donde dice que los municipios deben gestionar una partida especial para pagar laudos y sentencias.
Con fecha 8 de junio, la Oficialía de Partes del Congreso de Oaxaca recibió el documento con oficio 1118 y se canalizó a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, sin embargo, no acreditaron cumplir con lo ordenado por juez y que fue dictado el pasado seis de junio en relación con la ejecutoria de amparo.
Pese a que el término legal es de tres días, se les otorgó una ampliación, la cual trascurrió del 9 al 13 de junio, pero también desacataron tal ordenamiento judicial y se procedió a una sanción con fundamento en los Artículos 192, párrafo tercero, 238 y 258 de la Ley de Amparo.
Los diputados y las diputadas trataron de enmendar su error y procedieron a aprobar fast track el decreto para evitar ser inhabilitados por la SCJN.
