SAN RAYMUNDO JALPAN, OAX.- La diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez, de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), e integrante de la LXII Legislatura del Congreso Local presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que se instruya a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a garantizar el suministro de alimentos en cantidades suficientes, de buena calidad e higiene, a las internas e internos de los diferentes penales de nuestro Estado.
El objetivo de esta iniciativa agregó la legisladora es garantizar un trato más humano, respecto a la alimentación a la que tienen derecho las personas internas, ya que de lo contrario, no se puede esperar una verdadera reinserción de las personas a la sociedad.
“Las convenciones internacionales y nuestras leyes establecen que es una obligación del Estado proporcionar alimentos a los internos en cantidades suficientes, de buena calidad e higiene” aseveró la legisladora Díaz Jiménez.
En este marco la representante popular explicó que en los derechos de las personas detenidas, existen los derechos no modificables o intangibles se refieren a los derechos plenos de la persona privada de libertad, que no pueden ser restringidos y que deben ser respetados como los de cualquier persona entre estos se encuentran: el derecho a la dignidad; el derecho a alimentos, ropa, agua y trabajo, a la vida, a la integridad física y moral y el derecho a la reinserción social.
Sin embargo, dijo el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha situado a los centros de reclusión de nuestro Estado con calificaciones reprobatorias. Abundó que de acuerdo a ese el Centro de Reinserción Social o Penitenciaria Central de Ixcotel, tiene una evaluación de 4.32 ante las deficiencias en la elaboración, distribución, consumo y cantidad de alimentos.
Agregó que otro ejemplo es el Centro de Internamiento de Tehuantepec con una calificación de 4.41. “El centro de internamiento de Tuxtepec tiene una calificación de 3.88 y por último el Centro de Internamiento de Miahuatlán con una calificación de 5.44”.
Finalmente destacó que La reforma constitucional del 2011 en materia de Derechos Humanos reconoció la progresividad de los Derechos Humanos, y mediante el principio pro persona como eje rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, se favorece y se brinda mayor protección a las personas en reclusión.
“La reforma modificó el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución, para establecer que nuestro sistema penitenciario debe descansar en la correcta rehabilitación de los internos y su reinserción en la sociedad, para evitar su reincidencia” concluyó.
