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Puebla.- Al séptimo día de su desaparición, el cadáver de Mara Fernanda Castilla Miranda fue hallado la mañana de este viernes en la zona de Santa María Xonacatepec, en los límites entre Tlaxcala y Puebla.
La noticia del hallazgo fue recibida por los familiares de Mara durante la audiencia del presunto responsable de su desaparición, el chofer del taxi de Cabify, Ricardo Alexis N; quienes se retiraron de la Casa de Justicia en medio de llanto y abatimiento.
El gobernador de Puebla, Tony Gali Fayad a través de su cuenta de Twitter dio el pésame a la familia prometiendo justicia. “Con profundo dolor envío mi pésame a los familiares de #MaraCastilla. QDEP. El presunto responsable está detenido y pagará por este crimen.”
En la víspera, el padre de la joven, Alejandro Castilla, había advertido su temor de que Mara hubiera sido vendida a una red de trata de personas por el conductor que recogió a Mara en San Andrés Cholula, pero que nunca la llevó a su casa.
La Universidad Iberoamericana se sumó de inmediato al pesar de la familia ante la pérdida de la joven “Nos unimos al dolor de su familia y la comunidad universitaria. Es inadmisible que éste y otros hechos queden impunes, por ello exigimos a las autoridades acciones inmediatas que aclaren este y otros actos de violencia que afectan a la entidad. Invitamos a la sociedad a defender el derecho a la vida digna y segura.”
En la víspera, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la UIA, con una decena más de organizaciones, se pronunciaron ante la desaparición de otra joven, Sarahí Ávila Arellano, desaparecida desde el 2 de agosto de 2017.
“Esta vez es Sarahí; antes han sido Karla, Paulina, Olga Nayeli, Samaí, Nohemí, Isarve y los 249 casos de mujeres desaparecidas que da cuenta en sus registros la Fiscalía General del Estado (FGE), tan sólo de enero a junio de 2017.”
En su pronunciamiento, la UIA señala “la dilación y falta de mecanismo para actuar de manera eficiente, ante la desaparición de mujeres, siembra indignación y nos obliga a levantar la voz para denunciar la incapacidad de la procuraduría de justicia en la atención e investigación diligente a este tipo de delitos graves perpetrados contra las mujeres”.
