EL PAÍS
Las autoridades del Estado de San Luis Potosí, en el norte de México, han encontrado este viernes el cadáver del fotógrafo Edgar Daniel Esqueda Castro Esqueda. La familia había denunciado su desaparición el día anterior. Según informaron a la fiscalía, hombres vestidos de policías ministeriales irrumpieron en la casa y se llevaron a Edgar. La fiscalía explicó el mismo jueves que ningún policía ministerial «había realizado ninguna acción policial en contra del reportero».
Edgar sería el décimo reportero asesinado en México este año, por motivos relacionados con su actividad profesional. Para Artículo 19, organización que defiende los derechos de los reporteros, sería el undécimo. Artículo 19 no discrimina si el asesinato de un reportero tuve que ver o no con su trabajo.
Edgar era fotógrafo de nota roja, de sucesos. Tenía su propio portal y colaboraba con otros medios de la región, como Vox Populi. Fuentes de la fiscalía informan de quesu cuerpo ha aparecido maniatado, junto a unas vías de tren, cerca del aeropuerto. Al parecer, el cadáver presenta heridas de bala.
Después de que trascendiera su desaparición, colegas del fotógrafo recordaron que Edgar había presentado una queja ante la comisión estatal de derechos humanos hace unos meses. Jan Albert Hootsen, de la oficina del CPJ en México, explica que «se refieren a un evento de junio, cuando la víctima estuvo en un evento en San Luis. Él estaba sacando fotos después de una balacera. Y vino un ministerial que le quitó la cámara y la credencial de elector». Gerardo Guillermo Almendarez, editor del digital Vox Populi, añade que «en una escena del crimen, agentes ministeriales le pidieron que no tomaran fotos. En otra escena se lo volvieron a encontrar y otros agentes le pidieron igual que no tomara fotos, que no hiciera su trabajo. Se presentó una queja ante la comisión estatal de derechos humanos, pero no se le aplicó ninguna medida cautelar. Ayer nos informaron de que en el mes de julio, el comité federal estaba evaluando si requería o no medidas cautelares».
Almendarez se refiere al mecanismo de protección de periodistas de la Secretaría de Gobernación. De ser cierto, supondría un nuevo golpe contra la credibilidad del propio organismo y de sus responsables. Si el reportero había denunciado el pasado junio, y el mecanismo lo supo como tarde en julio, ¿por qué no se tomaron las medidas necesarias para proteger su integridad?
Las críticas al mecanismo vienen de largo, aunque arreciaron tras el asesinato del reportero Javier Valdez en Sinaloa en mayo. Las protestas del gremio dentro y fuera de México fueron de tal magnitud, que incluso el presidente, Enrique Peña Nieto, anunció que el mecanismo dispondría de fondos extra. Eso fue en mayo. En julio, el mecanismo habría atendido el caso de Edgar. Ahora está muerto.
Además de las fallas del mecanismo, las autoridades deberán lidiar ahora consigo mismas. La posible implicación de policías ministeriales en el secuestro y asesinato de Esqueda fuerza la intervención de la Procuraduría General de la República, concretamente de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, Feadle.
No es nuevo que autoridades de distinto rango, en este caso policías ministeriales, agentes de la propia fiscalía, sean sospechosos de atacar a un reportero. Artículo 19 denuncia año tras año que la principal fuente de agresiones a la prensa en México es la autoridad.
A casi tres meses para que acabe el año, 2017 aparece como uno de los peores para la prensa en México. Según la cuenta de Artículo 19, el caso de Edgar Esqueda es el undécimo del año e iguala los casos de 2016, el que era, hasta ahora, el peor ejercicio del sexenio. Según sus cálculos, este año y el pasado son los peores al menos desde 2000.
