Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró de manera total la zona federal de la ribera del “Río Los Perros” o de “Las Nutrias” y podría imponer una multa de 3.7 millones de pesos al Ayuntamiento de Asunción Ixtaltepec por depositar escombros de la demolición de viviendas dañadas por los sismos de septiembre pasado.
De igual forma, advirtió que se interpondrá una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de que se realicen las investigaciones en contra de quien resulte responsable.
Luego de realizar una inspección en materia de impacto ambiental a los representantes del Ayuntamiento de Asunción Ixtaltepec, debido a las actividades realizadas en la mencionada zona federal, sin contar con autorización por parte de la SEMARNAT, se procedió a la clausura.
En un comunicado, la PROFEPA informó que clausuró la zona federal de la ribera del “Río Los Perros” o de “Las Nutrias” debido a que las autoridades de Asunción Ixtaltepec, colocaron 4 mil 783 m3 de residuos provenientes de la demolición de las edificaciones afectadas por los sismos sin contar con la autorización emitida por la SEMARNAT.
En la inspección practicada este 9 de octubre de 2017, constató que las autoridades del Ayuntamiento de Asunción Ixtaltepec, se encontraban realizando actividades en la ribera del “Río Los Perros” o de “Las Nutrias” comprendida como zona federal en un área total de 16 mil 183 m2, afectando un total de 3 mil 050 metros cuadrados.
Recordó que los sismos acontecidos los días 7 y 19 de septiembre del presente año, causaron afectaciones a las viviendas de diversas comunidades y se colocaron 4 mil 783 m3 de residuos provenientes de la demolición de las edificaciones del Municipio de Asunción, Ixtaltepec, dentro de zona federal a lo largo de 305 metros de la ribera del “Río Los Perros” o de “Las Nutrias”, actividad que debe contar con autorización emitida por la SEMARNAT, y cuya vigilancia corresponde a esta Procuraduría.
Al no contar con la Autorización referida, se procedió a imponer como medida de seguridad la Clausura Total Temporal de esa zona, por lo que no se podrá seguir realizando el deposito de dicho material, hasta en tanto no se obtenga la autorización correspondiente.
Derivado del incumplimiento a estas obligaciones ambientales al no contar con la autorización correspondiente, se interpondrá una denuncia penal ante la PGR a fin de que se realicen las investigaciones en contra de quien resulte responsable.
De no respetar la clausura impuesta por la PROFEPA se podrá imponer otra denuncia penal, por violación a la medida de seguridad.
Cabe destacar que las violaciones a la normatividad ambiental puede implicar una sanción económica de hasta $3.7 millones de pesos por cada infracción cometida.
