Jaime GUERRERO
OAXACA, (pagina3.mx).- La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís Figueroa, señaló que en el país priva la violencia política, y mientras a nivel municipal, estatal y federal existen múltiples casos contra las mujeres que luchan por sus derechos políticos y electorales, ese fenómeno no se castiga penalmente.
Durante su participación en el Foro «Mujeres en la Política», recalcó que la violencia política se presenta principalmente cuando se realizan los procesos electorales para el nombramiento de algún cargo de representación popular.
Lamentó que existan diversas iniciativas de ley para sancionar ese fenómeno; sin embargo, están en la congeladora.
Al no existir una definición legal de qué es violencia política, dijo que ésta se identifica y tiene que atacarse desde las instituciones y tomar acciones necesarias.
La ex presidenta de la TEPJF sostuvo que la violencia política se refleja en acciones y omisiones, incluida la intolerancia y acciones que tienen por objeto menoscabar el reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos políticos, así como las prerrogativas a un cargo político, o bien la muerte, daño físico, sexual o psicológico contra las mujeres.
De acuerdo con la magistrada del TEPJF, esas acciones pueden ser perpetradas por grupos de personas, el Estado, sus agentes, partidos políticos como persona jurídica, representantes de partidos políticos o medios de comunicación.
Indicó que la violencia política puede estar dirigida a una persona, grupo, familia o la comunidad y puede tener lugar en la esfera política, económica, civil, social y cultural, pública y privada.
De acuerdo con Alanís Figueroa, se exige a las mujeres firmar renuncias en blanco antes de ser registradas como candidatas.
Al citar ejemplos que se presentan durante los procesos electorales, refirió que la violencia política que priva en el país se presenta en el registro de mujeres a distritos perdedores o con problemática y violencia, falta de otorgamientos de recursos para campaña, trabajo sin salario cuando están en funciones, «te dejo llegar, pero no te pago”, ocultamiento de información para la toma de decisiones.
Ridiculización o descalificación pública por las propuestas presentadas, agresiones verbales, indiferencia y omisión de las instituciones para tomar acciones necesarias cuando las mujeres son violentadas con fines políticos.
Ante ese escenario, Alanís Figueroa señaló que unos de los compromisos fundamentales es que los organismos encargados de vigilar el respeto de los derechos electorales de las mujeres resuelvan los casos con una perspectiva de género.
«Es fundamental que sumemos esfuerzos para erradicarla de una vez por todas; aunque no es un delito electoral la violencia política nos debemos comprometer a resolver los casos para reivindicar los derechos de las víctimas y reparar el daño» indicó.
