Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Con la “asunción ilegítima y vergonzante” del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raúl Bolaños Cacho Guzmán, se podría solicitar la desaparición de poderes en Oaxaca porque uno de ellos, el Judicial, está constituido de manera ilegal, afirmó el doctor en Derecho, Rafael García Zavaleta.
Luego de dar a conocer que el Poder Judicial de la Federación admitió la demanda de amparo que presentó contra la designación de Raúl Bolaños Cacho Guzmán por el delito de “ejercicio indebido de funciones” y contra el pleno del Tribunal Superior de Justicia por “abuso de autoridad”, advirtió que recurrirá a los tribunales internacionales.
Antes se quejó de la lentitud y conflicto de intereses que lleva su denuncia que presentó en la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción el 13 de septiembre de 2017 en contra de Bolaños Cacho Guzmán, razón por la que acudió al Juez Segundo de Distrito, quien aceptó la demanda de amparo.
“Si en Oaxaca se permite que se violen las leyes y se rompa el equilibrio de poderes, vamos a ir a la justicia federal donde han caminado de manera correcta, pero también sabemos que cuando están en riesgo intereses de grupos a veces han provocado torcer a la autoridad federal y si nos niegan el amparo iremos al tribunal colegiado”.
Y “si nos niegan el amparo en el colegiado, pediremos la atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y si la Corte insiste en una actitud ilegal, entonces, hemos decido acudir a tribunales internacionales para que se reclame ante ellos la inconstitucionalidad del representante de uno de los poderes del estado que es Raúl Bolaños Cacho Guzmán”, añadió el especialista en Derecho Constitucional y Electoral.
Luego de denunciar que ha sufrido acoso y hostigamiento al ser “bloqueado en mis asuntos como litigante al ordenar a los jueces que no acuerden mis asuntos”, reiteró que en este caso hay responsabilidad en el poder Legislativo por omisión de los diputados y del propio Ejecutivo porque el gobernador Alejandro Murat Hinojosa por no hacer no hacer valer las facultades que tiene al permitir que el 13 de marzo de 2017, Bolaños Cacho Guzmán haya sido impuesto como presidente del tribunal Superior de Justicia.
Recordó que el 4 agosto de 2017 dieron a conocer una carta abierta donde denuncia que “el nombramiento ilegal del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, es una barbaridad cometida por el pleno”.
Sin embargo, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, se negó a iniciar una carpeta de investigación de oficio porque hay un conflicto de intereses debido a que su padre fue colaborador de Bolaños Cacho Guzmán, pues cuando este fue presidente se desempeñó como su Director de Administración en el periodo cuando fue presidente del tribunal en el periodo 1988-2004.
“Si bien su renuncia no resuelve la ilegalidad cometida con su designación, al menos sí se despeja el camino para que sea el imperio de la ley el que regrese al Tribunal y en general al Poder Judicial del Estado de Oaxaca, retornando a su independencia, autonomía, libertad y restaurado el roto equilibrio de poderes que, de por sí delicado, hoy se encuentra postrado, humillado, roto, por Raúl Bolaños Cacho Guzmán”, puntualizó.
Relató las graves violaciones que se cometieron a las normas locales y nacionales con la designación de Cacho Guzmán, quien el 11 de diciembre de 2009 se le autorizó su petición de jubilación de forma voluntaria como magistrado.
Detalló “que hubiera una vacante en el Tribunal, no la había; que se sometiera a un examen de oposición, no lo hizo; que a resultas del examen se hubiera mandatado una lista de aspirantes al titular del Ejecutivo, no se hizo; que se sometiera una terna en el Congreso del Estado para que de ahí se nombrara al nuevo magistrado, no se hizo”.
Todo esto, agregó, constituye una grave violación a los principios de certeza y legalidad y una violación manifiesta a los derechos humanos de todos porque “no es posible aceptar la peregrina idea de que ya era magistrado y que regresa a ocupar el lugar que le correspondía: se viola con ello la certeza”.
Además, “todos los magistrados jubilados podrían en su momento decir, bueno, me regreso al Tribunal. ¡No! Ya no son magistrados. Son jubilados del Poder Judicial porque ya no forman parte de una sala, no dictan sentencias, no realizan actividad judicial”.
Y para ser presidente del Tribunal se requiere que el magistrado en activo hubiera integrado Sala al menos tres años, inmediatos a su designación y el actual presidente integró la sala familiar solo tres meses, antes de jubilarse.
García Zavaleta insistió en que en este caso “se violó la ley y debe aplicarse la ley y una de las causas graves de separación de los funcionarios públicos es tomar un empleo, cargo, o función pública sin reunir las condiciones que se establecen en la ley. Esa situación es inclusive delictiva”.
Aclaró que en este caso incluye a los tres poderes del estado de Oaxaca y ahora es preciso que lo solucionen los tres, pero en caso de omisión o complicidad, recurrirán a los tribunales nacionales e internacionales.
