CIUDAD UNIVERSITARIA, Oaxaca, junio 24.- Egresado de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y actual vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y presidente del Pleno de Circuito del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF), el Dr. Ricardo Ojeda Bohórquez señaló aquí que a 10 años de la reforma de ley “la corrupción sigue siendo el mayor cáncer que lacera al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio”.
De vuelta a su Alma Mater para impartir la conferencia magistral “El Sistema Penal Acusatorio y la prisión preventiva”, en el marco de la campaña #SOMOSUABJO, el Magistrado habló ante centenares de universitarios, académicos, estudiantes y trabajadores que llenaron el pasado fin de semana el auditorio “Ricardo Flores Magón” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS), acompañado por el Abogado General, Lic. Héctor López Sánchez, representante del rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, y el director de la Unidad Académica, Lic. Miguel Ángel Vázquez Ramírez.
También Maestro en Derecho Penal y Constitucional por la Universidad de Barcelona, España, Ojeda Bohórquez argumentó que “el gran problema de la prisión preventiva justificada es el tráfico de influencias y la amenaza que se da de parte del crimen organizado a los jueces”.
Por ello, consideró que “la prisión preventiva debe de decretarse en la ley para no poner en riesgo a los jueces y evitar que caigan en la tentación del dinero”.
En el mismo sentido, el egresado de la UABJO en 1981 reconoció que “aún hay jueces honorables que no aceptan dádivas y cumplen con la ley”; sin embargo, aclaró que difiere de “quienes aseguraban que en este nuevo Sistema de Justicia Penal la corrupción había terminado”.
Puntualizó: “Afortunadamente hay jueces valientes que no reciben línea de nadie, pero por el otro lado tenemos a los jueces federales que están a la expensa de pacto o plomo con el crimen organizado, y ante una amenaza de este tamaño los colegas doblegan las manos de la justicia”.
Igualmente Maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, señaló que en la prisión preventiva oficiosa no detectó ningún problema, debido a que los jueces tienen el deber de cumplir con la Constitución y decretar la prisión preventiva oficiosa.
No obstante, aclaró, el inconveniente está en la prisión preventiva justificada, porque se deja al total arbitrio del juez, lo que ocasiona el empoderamiento de estas figuras legales, pues “como pueden decretarla pueden no hacerlo”.
Admitió que en las entidades federativas donde no hay autonomía del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo ordena a los jueces en qué casos sí y en cuales no debe ocuparse la prisión preventiva, y lo mismo –subrayó– ocurre a nivel federal.
