#AlianzadeMedios Por Chiapas Paralelo
Las 304 obras identificadas estaban relacionadas con las industrias minera, eólica, hidroeléctrica, petrolera y de infraestructura de gasoductos.
Chiapas, fue el primer estado del país con más registro de hechos violentos asociados a la minería, así mismo, de campos petroleros que han ocasionado conflictividad, según un mapeo realizado por Gisela Zaremberg (Flacso México) y Valeria Guarneros-Meza (De Montfort-University) que presentan más de 800 conflictos socioambientales generados por megaproyectos en los últimos 12 años, informó el Servicio Internacional para la Paz.
Las integrantes del proyecto “Conversando con Goliat: Participación, movilización y represión en torno a conflictos neoextractivistas y ambientales “, presentaron un mapeo de 879 conflictos que derivaron de la implementación de 304 megaproyectos, durante las administraciones de los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Por tanto, la investigación basado en notas periodísticas, revelan que los estados con más hechos violentos asociados a la minería son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahulia, Sonora, Durango y Michoacán; mientras los campos petroleros han ocasionado conflictividad en Tabasco, Chiapas y Veracruz.
En cuanto a los gasoductos, los tramos con más hechos violentos reportados son Puebla-Tlaxcala-Morelos, Sonora-Sinaloa y Chihuahua-Sinaloa. Las instalaciones hidroeléctricas generaron violencia en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero; y los proyectos eólicos, en Oaxaca y Yucatán.
Gisela Zaremberg expuso que en “términos absolutos”, los datos analizados arrojan que la minería es la actividad que ocasiona el mayor número de conflictos, le sigue la extracción de hidrocarburos (campos petroleros y gasoductos), la hidroeléctricas y finalmente las eólicas.
Por tanto, los datos recabaron que contrariamente a lo que suele pasar, las comunidades que se oponen a un megaproyecto recurren principalmente a la acción “institucionalizada” (como los juicios y recursos de amparo); en cambio, las que combinan este tipo de acciones con otras “no institucionalizadas” (toma de instalaciones, de oficias públicas o de las empresas, retención de funcionarios) son las comunidades que buscan las negociación de beneficios.
Por su parte, los actores gubernamentales, en combinación con las empresas, son los que más frecuentemente aparecen mencionados en relación a acciones informales e ilegales.
La investigación indica que las notas periodísticas de recopiladas en la base de datos fueron escritas por un total de 373 periodistas. El 18% de ellos ha recibido amenazas o agresiones. Sin embargo, no es posible establecer si las amenazas tenían que ver con su cobertura de conflictos socio-ambientales o por otros asuntos.
Los principales estados en los que se presentaron amenazas o agresiones a comunicadores en la investigación fueron Puebla, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de Mexico, Chiapas y Veracruz.
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