Jaime GUERRERO
OAXACA, (pagina3.mx).- La Cámara federal de Diputados aprobó en lo general con 423 votos reformas a los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para incorporar a servidores públicos como sujetos obligados a cumplir las disposiciones electorales y en caso de violación a la ley, serán sujetos a sanciones que van de las cinco mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), y que corresponde a $84.49.
El dictamen de la Comisión de Gobernación y Población enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, modifica los artículos 456 y 457 del citado ordenamiento, cita que se incorpora a los servidores públicos al catálogo de sujetos que pueden ser acreedores a una sanción por violación a las leyes electorales, así como prever las sanciones correspondientes.
Establece que sin menoscabo, de las sanciones electorales que se impongan podrán estar sujetos a responsabilidades administrativas y penales, y en el caso de estas últimas, será obligatorio presentar las denuncias o querellas conducentes ante el agente del Ministerio Público.
Puntualiza que las penas van de hasta cinco mil unidades de medida y actualización; tratándose del uso de recursos públicos para la presión o coacción a los electores a efecto de inducir el sentido del voto, con multa de entre cinco mil y diez mil unidades de medida y actualización.
En caso de reincidencia, con multa que constituya el doble de la multa originalmente impuesta, señala.
La norma electoral prevé en la actualidad un mecanismo de imposición de responsabilidades ya superado en otros ordenamientos, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues dispone que la imposición de tales sanciones depende exclusivamente del superior jerárquico del servidor público que comete la infracción.
Y es que las sanciones aplicadas hoy en día son exiguas y en muchos casos no trascienden más que en una amonestación pública, y en otros, se aplican criterios de oportunidad para no sancionar.
Del PRI, el diputado Ricardo Aguilar Castillo, mencionó que votaron a favor porque se crea un nuevo mecanismo de sanción que fortalece los principios fundamentales de la democracia.
Porque establece un sistema de blindaje electoral que busca garantizar la libertad del voto, endurece el sistema de responsabilidades y genera una mayor certeza. “Debemos garantizar procesos electorales transparentes y equitativos, para que sean los mexicanos quienes elijan de manera libre a sus gobernantes”.
