La Fiscalía General de la República (FGR) tiene una investigación abierta por las presuntas irregularidades en que habrían incurrido funcionarios o exfuncionarios de la entonces PGR, ante la acusación de que acordaron retirar los cargos por delincuencia organizada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a cambio de que este se declarara culpable de otros delitos menos graves.
La indagatoria se encuentra a cargo de la Visitaduría General de la FGR, que inició la carpeta de investigación número FED/VG/UNAI/00000435/2018 en contra de quienes resulten responsables. Los posibles delitos van desde ejercicio ilegal del servicio público y contra la administración de justicia, hasta cohecho.
En entrevistas difundidas en diversos medios, Duarte dijo que en 2018 pagó una fuerte cantidad de dinero (cuyo monto no precisó) a funcionarios de la PGR, encabezada en ese momento por Alberto Elías Beltrán. Ello como parte de una supuesta negociación para que se declarara culpable, a cambio de reducirle la gravedad de las acusaciones.
Desde octubre de 2018 la organización civil TOJIL: Estrategia Contra la impunidad había presentado una denuncia en la FGR, que dio pie a la referida carpeta de investigación, por lo que consideraron que fue un trato desfavorable para la sociedad, al haberle permitido a Duarte obtener una condena muy baja en un caso de corrupción de gran trascendencia e impacto.
“Lo que declara Duarte confirma, a grandes rasgos, la teoría que nosotros presentamos en la denuncia con la diferencia, que no es menor, de cómo se clasificaría el delito. Él relata lo que para nosotros es un aparente soborno que se configura como cohecho, y no tanto una extorsión, como él dice. Pero sin duda las implicaciones jurídicas son importantes y se confirmaría la teoría de los hechos”, dijo Estefanía Medina, fundadora y representante legal de TOJIL.
No obstante, Medina advirtió que no conocen hasta ahora de algún avance en la investigación de la FGR y que, por el contrario, la institución ha preferido litigar en tribunales, para que no se le reconozca a TOJIL la calidad de víctima en la denuncia que la misma organización interpuso, y con ello impedir que pueda ser participe activa en la indagatoria.
Por otro lado los abogados defensores de Javier Duarte, Enrique Reyes Retana y Pablo Campuzano, señalaron de forma categórica a Animal Político que no tuvieron conocimiento alguno del supuesto pago que habría dado Duarte a exfuncionarios de la PGR, ni tampoco de alguna negociación en ese sentido.
Reiteraron que ellos están centrados la estrategia de defensa jurídica de su cliente, a través de impugnaciones y demandas de amparo promovidas desde el año pasado.
El pacto y las justificaciones
El proceso penal federal en México en contra de Javier Duarte inició el 17 de julio de 2017, luego de su detención y extradición desde Guatemala, y concluyó el 27 de septiembre de 2018, con una sentencia condenatoria de 9 años de prisión en su contra.
De forma inicial y durante gran parte del proceso al exgobernador de Veracruz se le acusó del delito de delincuencia organizada, uno de los más graves en cuanto a sanción del Código Penal Federal, con penas que superan los 30 años de prisión.
Pero en septiembre del año pasado, y a punto de realizarse la audiencia intermedia en la que cada una de las partes presentaría sus pruebas para ir a juicio oral, los fiscales y los defensores de Duarte pidieron al juez la apertura de un “proceso abreviado”. Se trata de una figura contemplada en el nuevo sistema penal, y que consiste en una especie de minijuicio exprés, en el que el acusado acepta declararse culpable a cambio de una pena reducida.
El acuerdo, detallado ante el juez en la audiencia del 27 de septiembre, consistía en que Duarte renunciaba a defenderse para declararse culpable. A cambio la PGR le modificó el delito de delincuencia organizada por uno de menor gravedad, denominado asociación delictuosa. El juez confirmó la pena de 9 años de cárcel.
Al salir de dicha audiencia el abogado defensor de Duarte, Ricardo Reyes Retana, señaló que aun cuando consideraban que las pruebas de la entonces PGR eran débiles en contra de su cliente, se había optado por esta vía para evitar un juicio oral que podía politizarse, y en donde se usarían a exfuncionarios convencidos con beneficios para declarar en contra de su cliente.
Una semana después el subprocurador de Delitos Federales Felipe Muñoz convocó una reunión con algunos medios de comunicación, en la que reconoció que la PGR había cometido errores en la integración del caso de Javier Duarte, a lo que se sumaba un criterio del Poder Judicial que había sembrado dudas en la legalidad de las pruebas bancarias recabadas para procesar a Duarte.
En ese sentido aseguró que el proceso negociado con Duarte fue la mejor opción para que el caso no quedara impune. “¿Qué pasa si nos hubiéramos ido a juicio oral y en la audiencia intermedia nos dicen que las pruebas son ilícitas? Pues que Duarte estaría ahorita vacacionando en Veracruz, o en Cancún o en Miami. ¿Que hubieran hecho ustedes?”, dijo.
Entre lo legal y lo ilegal
La abogada Estefanía Medina señaló que el “procedimiento abreviado” es una figura totalmente legal y una de las ventajas del sistema penal acusatorio, por lo que su existencia no es incorrecta. El problema, señaló, es que se haya utilizado en un caso de la mayor relevancia, y en donde el implicado era la cabeza de una red de corrupción.
“En un caso señalado de tan altos niveles de corrupción y que era el primer caso ejemplar a nivel nacional de un gobernador implicado en corrupción, resultó muy extraña la mecánica de cómo se reclasificaron los delitos, y luego se pactó el proceso. Además con una pena tan baja y con una multa de broma, de solo 58 mil pesos”, dijo.
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