REDACCIÓN/Proceso
MÉXICO, D.F.- Un juzgado de Baja California fijó una fianza de 7 millones de pesos a cada uno de los tres jornaleros detenidos por la destrucción de patrullas y la comandancia de Policía de Vicente Guerrero durante los enfrentamientos del pasado fin de semana en San Quintín.
Pese a que durante los disturbios en la comunidad triqui el sábado pasado fueron detenidas 11 personas –entre ellas cuatro menores de edad que ya están en libertad–, tres pagaron una fianza menor y dejaron la prisión.
El juzgado determinó, con base en datos recabados por el Ministerio Público, que los tres jornaleros de origen oaxaqueño tuvieron la mayor responsabilidad durante el choque con elementos de la Policía estatal.
A los tres detenidos se les acusa de daño al patrimonio de la humanidad, destrucción de patrullas y daño a los carros blindados y equipo de la policía estatal.
Trascendió además que a un cuarto detenido se le fijó una fianza de 500 mil pesos. Las fianzas podrían ser modificadas conforme avance el proceso judicial.
El sábado pasado, jornaleros fueron golpeados por policías municipales y estatales en el conjunto habitacional conocido como “La Triqui”, en la delegación Vicente Guerrero, en el Valle de San Quintín.
Los hechos violentos dejaron al menos 70 jornaleros agrícolas heridos y varios hospitalizados.
De los 70 lesionados, 60 son oaxaqueños y siete aún están hospitalizados; dos de ellos están en condición grave.
Integrantes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social acusaron a la policía estatal de Baja California de los hechos de violencia en San Quintín.
Lucila Hernández, integrante de dicha agrupación, dijo que la policía irrumpió en varias comunidades de la delegación Vicente Guerrero, donde residen los principales dirigentes del movimiento jornalero, con la idea de detenerlos.
Con base en testimonios, la activista aseguró que la madrugada del sábado los jornaleros fueron sorprendidos por 20 patrullas y un “tanque” de las autoridades estatales, cuando descendían de sus viviendas para ir a trabajar.
Los uniformados, prosiguió, arremetieron sin motivo alguno contra los jornaleros cuando se dirigían a sus centros de trabajo agrícola; incluso, dice que allanaron algunas viviendas (al menos cinco) donde se refugiaban mujeres, menores de edad y personas adultas mayores.
Fuentes de la Procuraduría informaron que desde el primer día de la instalación del módulo de atención para interponer denuncias ciudadanas por daños derivados de los disturbios, se recibieron cuatro quejas por el delito de lesiones contra quien resulte responsable.
