Texto: Jaime GUERRERO. Fotografía: Gabriel Barcelos SOTOMAIOR
Oaxaca, (pagina3.mx).- Obligados por el Poder Judicial de la Federación para que en caso de incurrir en una segunda omisión -los 42 diputados de la LXIV Legislatura- serían sancionados hasta con la destitución de su cargos, el Congreso del Estado, realizó foros regionales consultivos, en las ocho regiones de Oaxaca y así concluyó la segunda etapa del proceso de la Consulta de la Ley de Consulta Previa Libre e Informada para la entidad.
Los foros fueron los días 29 y 30 de noviembre y tuvieron un costo de 640 mil pesos, confirmó la Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Migración, Gloria Sánchez López.
Y es que existió desacató de los congresistas locales a una sentencia del Poder Judicial de la Federación y podrían ser sancionados con multas, destituidos de sus cargos y hasta enfrentar procedimientos penales de no aprobar esa ley en un plazo de 3 meses.
La primera ejecutoria de la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, fue emitida el 4 de abril y feneció el plazo el pasado 30 de septiembre.
El Juzgado Decimoprimero de Distrito, notificó desde el pasado 25 de abril del 2019 la resolución dictada en el recurso de revisión del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, para la aprobación de la ley construir la Ley de Consulta Previa Libre e Informada para los Pueblos Indígenas y Afromexicano en el Estado de Oaxaca, previos foros regionales.
En la sentencia, se establece que la omisión de la LXIV Legislatura, revela poca preocupación por acatar una sentencia de amparo, en una problemática social que es de especial trascendencia para Oaxaca. “Esa conducta (de omisión) reitera la dilación de 17 años para legislar sobre la situación social de las comunidades indígenas a pesar de las disposiciones convencionales y constitucionales”.
Por ello, el PJF le estableció a la LXIV Legislatura un nuevo plazo de 3 meses para aprobar la ley de consulta indígena. La fecha límite es el 24 de enero del 2020.
Por lo pronto, el Juzgado Décimo primero de Distrito ya apercibió a los diputados y diputadas de la LXIV Legislatura, “que si no actúan como se indica en la determinación el Juzgado de Distrito, les impondrá a cada uno de ellos, una multa que corresponda”.
Además remitirá el expediente al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito para que en el momento procesal oportuno, propongan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en caso de que proceda, la destitución de sus cargos y posteriormente, la consignación ante las autoridades judiciales por el delito cometido.
En su participación durante el foro consultivo en la región de Valles Centrales, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Horacio Sosa Villavicencio, presumió que ninguna ley se realizará sin el respaldo de los pueblos.
Presionados por el PJF estableció que la ley se debe hacer donde estén las voces, el pensar de los habitantes de los pueblos y comunidades, porque son ellos, quienes conocen sus costumbres, tradiciones y la cosmovisión que cabalmente deben estar reflejados en la Ley de Consulta Indígena.
En entrevista al término del foro consultivo en la región de Istmo con sede en Juchitán de Zaragoza, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Migración, Gloria Sánchez, admitió que la ley estuvo rezagada.
Al respecto el diputado, Pavel Meléndez Cruz, culpó a la LXIII legislatura de ser omisa, vulnerando un derecho humano, al no implementar este instrumento que consideró necesario para los oaxaqueños, pues dijo Oaxaca no puede quedarse atrás, si más del 70 por ciento de la población son Indígenas y Afromexicanos.
Lucina Martínez, delegada de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) , resaltó el interés de los ciudadanos, pues con esto consideró se cumplió con el objetivo de que los habitantes de comunidades de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, hicieran uso de su derecho a la libre determinación como lo establecen las diferentes etapas de la consulta.
Durante los foros consultivos realizados en las ocho regiones del Estado participaron, autoridades municipales, comunitarias, tradicionales, núcleos agrarios y representantes de la sociedad civil, asociaciones civiles, representantes de organizaciones sociales, observadores y observadoras de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), así como traductores y traductoras integrantes del INPI.
Entre las propuestas emanadas de los foros consultivos por los y las ciudadanas asistentes a los foros, fueron: la creación de un Consejo Ciudadano Indígena como Órgano Garante, que no esté constituido solamente por integrantes de la DDHPO, que también participe la sociedad civil externa a esta dependencia.
De igual forma se propuso incluir entre las actividades a consultar, los cambios de uso de suelo, que actualmente son una facultad de los presidentes municipales que en muchas veces se presta a la corrupción, facilitando la instalación de megaproyectos.
Los Pueblos consultados fueron: Afromexicano, Chocholtecos, Chinantecos, Mazatecos, Cuicatecos, Ixcatecos, Náhuatl, Mixtecos, Triquis, Tacuates, Mixe(Ayuuk), Chatinos, Amuzgos, Huaves, Chontal, Zoque, Zapotecos.
