Ciudad de México. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que una prioridad de su gobierno son los pueblos indígenas, en los hechos impulsa obras de infraestructura y proyectos extractivos que impiden a los pueblos y comunidades vivir en paz, coincidieron defensoras de la tierra, el territorio y los bienes comunes.
A un año de la toma de protesta de López Obrador, representantes de comunidades afectadas por proyectos de infraestructura acusaron que el mandatario sigue la misma política de despojo que otros gobernantes e incluso aseguraron ésta se puede agravar.
En conferencia de prensa, la mañana de este viernes, personas defensoras de nueve estados aseguraron que de los 560 conflictos socioambientales reconocidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 15 afectan directamente sus territorios.
Entre ellos, expusieron, tres de los más mediatizados por la nueva administración: el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía en el Estado de México, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y el Proyecto Integral Morelos en las faldas del volcán Popocatépetl.
La integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Miryam Vargas Teutle, explicó que aumentó el grado de magnitud de la violencia contra personas defensoras, como demostró el asesinato de Samir Flores, defensor de Morelos, el 20 de febrero de 2019.
La activista mencionó que, en muchos de los proyectos, las consultas ciudadanas están mal planteadas porque se consulta a grandes poblaciones y no a las comunidades afectadas, como sucedió con el Proyecto Integral Morelos (PIM).
El presidente inició la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía sin tomar en consideración a los pueblos aledaños y sin una manifestación de impacto ambiental correctamente hecha. Pondría en grave peligro a los y las habitantes de la Ciudad de México ya que se requeriría de 6 millones de litros de agua al día de la Cuenca del Valle de México, misma que abastece a los capitalinos.
El Corredor Interoceánico, o Tren Transístmico, se pretende imponer por medio de simuladas consultas que no cumplen con los parámetros mínimos del derecho a la consulta previa, libre e informada. Los pueblos ya han desconocido estas prácticas que violentan sus tiempos, formas y espacios de toma de decisiones, dijeron las y los defensores.
A decir de Mario Castillo Quintero, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), se pretende convertir la región en un corredor industrial y energético que dejará a su paso desplazamientos, graves afectaciones a la naturaleza y a las formas de organización comunitarias.
Las y los defensores llamaron a los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos, medios de comunicación, instituciones públicas y sociedad en general a construir y defender el futuro de las próximas generaciones protegiendo sus ríos, mares, bosques y montañas.
