Diana Manzo/Corresponsal
Juchitán, Oax.- Ejidatarios de 10 núcleos agrarios en el Istmo de Tehuantepec apoyados por activistas y defensores de derechos humanos y ambientalistas a nivel regional y nacional, emitieron un documento a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) demandando cambios en las leyes energéticas, aseguran se han violado derechos de sus comunidades, esto en torno a las transnacionales mineras que pretenden explotar sus tierras.
Esta iniciativa también es respaldada por la Unidad de Manejo Forestal Istmo-Pacífico A.C., el Consejo Regional de Productores Básicos Del Istmo De Tehuantepec AC., por el Ayuntamiento Municipal de San Francisco del Mar, por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 74 organizaciones en 20 estados) y por ONGs y académicos de todo el país.
Según datos de las organizaciones, las comunidades de la región del Istmo, enfrentan riesgos con base a las Leyes Secundarias ya promulgadas por el estado mexicano, los cuales se verán agravados en caso de aprobarse el Anteproyecto de Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por la Secretaría de Energía.
Señalaron que el reglamento emite que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgará permisos para proyectos de generación o suministro de la energía eléctrica sin exigir garantías de cumplimiento de normativa social ni ambiental.
“Nosotros lo que pedimos, es que la nueva regulación en el ámbito de las energías renovables, sea lo más social e incluyente posible, y evite que se sigan produciendo violaciones a los derechos de comunidades agrarias y campesinas en los territorios donde se pretendan desarrollar proyectos de generación de energía, tal y como ha ocurrido en las comunidades donde se han instalado parques eólicos”, puntualizaron.
Recalcaron que las empresas con proyectos autorizados por la CRE podrán invocar las ventajas que otorgan las Leyes Secundarias ya promulgadas, incluyendo la prescripción legal a que todas las instituciones de Gobierno contribuyan al desarrollo de sus proyectos y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia.
“Nosotros entendemos que estas leyes secundarias, admiten que las Evaluaciones de Impacto Social previstas por la ley son un trámite insustancial, pues únicamente resultarán en la emisión de recomendaciones, sin que se prevea ningún tipo de seguimiento, rendimiento de cuentas ni sanción en caso de incumplimiento, que es lo que ha ocurrido, es decir estarán en plena libertad, por eso estamos sumamente preocupados”, agregaron.
Señalaron que las Leyes Secundarias ya promulgadas desprotejen a las comunidades y pueblos indígenas al permitir a las empresas realizar, al menos en una ocasión.
“Sabemos que las empresas, las trasnacionales manejan conductas abusivas, discriminatorias y buscan influir indebidamente en la decisión de los propietarios o titulares de los terrenos durante las negociaciones y los procedimientos relativos a la obtención de derechos sobre la tierra, en pocas palabras a ellos no les interesa lo que suceda, sino obtener beneficio de ello”, indicaron.
Finalmente demandaron que la normativa permita a las comunidades constituirse como productores de energía renovable para la red eléctrica, es decir que exista un tratamiento diferenciado a Productores Comunitarios de Energía Renovable con Fines Sociales, definidos como empresas que dediquen al menos un cincuenta por ciento, de su resultado neto anual a la promoción del desarrollo social de las comunidades en los cuales tienen lugar los proyectos.
