Las empresas forestales comunitarias reciben el mismo trato fiscal que las grandes compañías, sin importar que las comunidades que realizan aprovechamiento forestal sustentable invierten hasta 60 % de sus ganancias en mantener la salud de sus bosques y en atender necesidades sociales en sus territorios.
Los 384 comuneros de Ixtlán de Juárez, en la sierra norte de Oaxaca, han trabajado durante tres décadas para conservar sus bosques comunitarios, aprovechando su madera de forma sostenible y apegados a las decisiones tomadas en asambleas. En este tiempo han logrado abrir un aserradero, una empresa de servicios técnicos forestales, otra de ecoturismo, una fábrica de muebles y una embotelladora de agua.
Gran parte de las utilidades de estas empresas comunitarias se invierten en el cuidado de los bosques y en cubrir necesidades de sus comunidades. Por ejemplo, atienden las carencias de sus cuatro escuelas, reparan caminos, instalan drenajes, dan mantenimiento a la iglesia y apoyan financieramente a estudiantes y adultos mayores.
Las empresas comunitarias de Ixtlán de Juárez, además, han permitido crear 180 empleos directos y 1 000 indirectos.
En las 3500 hectáreas, donde realizan aprovechamiento sostenible de la madera, erradican plagas, combaten incendios y propician la regeneración del bosque. Además, la mayor parte de sus 19 300 hectáreas están destinadas, directa o indirectamente, a la conservación. Y es por ello que la madera que producen cuenta con el certificado internacional del Forest Stewardship Council (FSC).
En la región de la Sierra Norte de Oaxaca, donde además de Ixtlán de Juárez otras comunidades también realizan manejo forestal comunitario, se ha logrado conservar 88.34 % (58 956 de 66 264 hectáreas) de la cubierta forestal, de acuerdo con un estudio publicado en 2013 por Eric Van Vlett, de la Universidad Internacional de Florida.
El caso de Ixtlán de Juárez es un ejemplo de que las empresas forestales comunitarias permiten conservar grandes extensiones de bosque, crear empleos y contribuir al desarrollo social de sus territorios. Estos logros no siempre se reconocen. Mucho menos cuando se trata de pagar impuestos.
Las empresas forestales comunitarias deben destinar 30 % de sus utilidades al pago del impuesto sobre la renta, como si se tratara de una compañía privada.
“Nosotros dedicamos una fuerte inversión al bosque y a la comunidad, a veces de hasta el 60 %. Nuestra finalidad es muy diferente (a la de una empresa privada). Aquí el beneficio es social y allá es privado”, explica Francisco Luna, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Ixtlán de Juárez.
Ixtlán de Juárez, así como otras comunidades zapotecas y chinantecas que realizan manejo forestal en la Sierra de Juárez, tienen una tradición de lucha por políticas forestales justas que se remonta a la mitad del siglo pasado.
A principios de los ochentas consiguieron que el Estado mexicano dejara de entregar concesiones forestales a empresas privadas y reconociera que las comunidades tenían derecho al aprovechamiento de sus bosques.
Hoy estas comunidades forestales tienen un nuevo frente de lucha: conseguir un trato fiscal justo; que el Estado reconozca, a través de un trato fiscal diferenciado, las inversiones que realizan en el ámbito social, pero también en la conservación de los bosques.
Esta demanda es compartida por otras comunidades que han creado empresas forestales en el norte, centro y sur del país. Una de ellas es San Bernardino de Milpillas Chico, ubicada en el municipio de Pueblo Nuevo, en Durango.
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