Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) integró 58 expedientes con quejas de defensores por detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamientos o por agresiones físicas en los últimos cinco años, confirmó el Ombudsman Bernardo Rodríguez Alamilla.
Y agregó que las autoridades más señaladas corresponden a:
- La Fiscalía General de Justicia del Estado con un 44 por ciento;
- Secretaría de Seguridad Pública con 30 por ciento y
- Ayuntamientos con 22 por ciento.
Resaltó que las quejas más recurrentes denunciadas por las personas defensoras de derechos humanos durante este periodo fueron:
- Amenazas y hostigamientos (18 por ciento), a
- Detenciones arbitrarias (32 por ciento),
- Quejas por negativa a cumplir medidas cautelares o
- Por agresiones físicas.
Mencionó que un señalamiento recurrente identificado por la Defensoría es la negativa de acceso al derecho a la justicia:
- Dilación en las carpetas de investigación respecto a las agresiones de las que las personas defensoras de derechos humanos han sido objeto y
- Rechazo a iniciar procesos de investigación o la obstaculización de las investigaciones.
Por tal razón, el defensor Rodríguez Alamilla urgió a los tres niveles de gobierno generar un ambiente propicio y seguro para personas defensoras de derechos humanos en el estado de Oaxaca.
En el marco de los Día Internacional de los Derechos Humanos, el organismo autónomo sostuvo que debe garantizarse el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, porque sin su trabajo es imposible construir una sociedad igualitaria, participativa e incluyente.
Urgió a las autoridades, sancionar cualquier acto que atente contra el libre ejercicio de las personas defensoras de derechos humanos y con ello disminuir los altos niveles de impunidad de las agresiones a que se enfrentan, pues este hecho favorece la repetición de tales conductas.
Para el órgano defensor, resulta preocupante que persistan discursos y narrativas que descalifican y estigmatizan la defensa de derechos humanos, lo que polariza la percepción de la sociedad, logrando deslegitimar y crear un ambiente hostil para que otras agresiones puedan cometerse contra estas personas.
