OAXACA, Oax.- Luego de doce años de acciones de la sociedad civil para mejorar los mecanismos de impartición de justicia a personas indígenas, instituciones como el Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJO) reconocen que por un “error histórico” el Estado creó sistemas de justicia discriminatorios que no ha sido fácil desarticular.
Así lo reconoció el magistrado presidente del PJO, Eduardo Pinacho Sánchez, durante la inauguración del Congreso Nacional Virtual “Intercambio de experiencias para el Diálogo entre Justicias”, impulsado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), con apoyo del Programa para el Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad civil (PROFOSC).
Pinacho Sánchez destacó que “afortunadamente”, con el trabajo de organizaciones de la sociedad civil como Cepiadet, la intención de forjar una “identidad nacional” desconociendo la existencia de múltiples culturas y cosmovisiones indígenas se está superando en México, y Oaxaca se encuentra a la vanguardia.
Una muestra de lo anterior, expuso, ha sido la creación, en 2016, de la Sala Indígena, en el PJO, la única de su tipo en México y Latinoamérica; pero, admitió, esta Sala no es suficiente, subrayó que hace falta que el pluralismo jurídico sea una práctica cotidiana.
A su vez, el director de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, Jesús Gerardo Herrera, expuso que, luego de diversos cursos y talleres sobre pluralismo jurídico, esta instancia ha empezado a aplicar una atención diferenciada a personas indígenas y afromexicanas y reiteró su compromiso para avanzar en una justicia con perspectiva intercultural y de género.
Al hacer uso de la palabra, la Alcaldesa Única Constitucional del municipio Santiago Nundiche, Oaxaca, Juliana Martínez Peña, mencionó que a través de las capacitaciones y talleres con el Cepiadet, las autoridades de su comunidad en la región mixteca han logrado conciliar en diversos conflictos.
Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Camila Aviña reconoció el valor de las organizaciones de la sociedad civil, como Cepiadet, en la elaboración de políticas públicas, indispensables para enriquecer la agenda pública del gobierno con alianzas estratégicas.
Por último, Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General del Estado, celebró que existan leyes que reconocen la autonomía y los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, pero, admitió, esto exige mayores capacidades institucionales con personal técnico, administrativo, peritos y asesores jurídicos para colocar a la par las facultades judiciales de las comunidades indígenas y el sistema de impartición de justicia estatal.
En nombre del Director del Cluster de Gobernanza de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional en México, Lothar Rast, Georgina Morales Osorio dio por inaugurados los trabajos del Congreso y deseó los mejores resultados durante los dos días de actividades.
