Jaime GUERRERO
Con 30 votos a favor, la LXIV Legislatura de Oaxaca, aprobó la nueva Ley de Acceso a la Información Pública Transparencia y Buen Gobierno de Oaxaca que, una vez publicada en el diario oficial, el Legislativo, tendrá 30 días naturales, para iniciar con el proceso de selección de los nuevos comisionados y comisionadas del nuevo Órgano de Transparencia y Buen Gobierno de Oaxaca.
Ese nuevo órgano de transparencia, sustituye al hoy, Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IAIPO) y aumentará de 3 a 5 los comisionados integrantes.
La previa reforma constitucional y nueva ley que da paso a la extinción y depuración del IAIPO, fue aprobada con el aval de los diputados de Morena, PRI, PVEM, PT e Independientes.
Para dar paso a la nueva ley, los diputados y diputadas de Oaxaca, abrogaron la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, aprobada mediante el Decreto número 1690, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 11 de marzo de 2016.
En el CUARTO, transitorio, se estableció que el Congreso del Estado también designará al o la titular de la Contraloría General e integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, por el voto de las dos terceras partes de las Diputadas y Diputados presentes, dentro del plazo de treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la Ley.
Por única ocasión las y los Comisionados del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno de Oaxaca, serán elegidos de la siguiente forma:
Una Comisionada y un Comisionado que durará en su encargo tres años.
Una Comisionada y un Comisionado que durará en su encargo cuatro años.
Una Comisionada que durará en su encargo cinco años.
Además, por única ocasión los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, serán elegidos:
Uno y una integrante que durarán en su encargo tres años.
Uno y una integrante que durarán en su encargo cuatro años.
Una integrante que durará en su encargo cinco años.
En el SEXTO transitorio, se estableció que se dejan a salvo los derechos adquiridos de las y los trabajadores del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca basándose en la modalidad de su contratación.
Con fecha 1 de junio de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el decreto número 2473 mediante el cual se reforma el artículo 114 de la Constitución Política mediante la cual, se estableció que el congreso del Estado emitirá la nueva ley de acceso a la información pública transparencia y buen gobierno del estado de Oaxaca dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a la publicación de este decreto.
La nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública está estructurada en 6 títulos, 184 artículos fijos, y 8 artículos transitorios.
Con la nueva ley, se crea al nuevo órgano al que se denominará “Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca”, en sustitución del instituto de acceso a la información pública y protección de datos personales.
Para contar con un nuevo órgano que responda a las exigencias de la sociedad, como una de los órganos clave en la transparencia y combate a la corrupción, así como vigilar el cumplimiento de las nuevas reglas de buen gobierno planteadas en ésta iniciativa.
Se dota al nuevo órgano garante local de facultades adicionales respecto de las establecidas en la Ley general para los organismos garantes de las entidades federativas; en particular, se propone que éste nuevo órgano sea el encargado de vigilar que los sujetos obligados cumplan con las “normas y principios de buen gobierno”.
Se incluyen principios adicionales sobre los que el nuevo órgano garante, debe regir sus actos; en consecuencia, además de los principios establecidos en la Ley general y en la local, se plantea agregar los siguientes principios de buena fe, no discriminación, oportunidad, responsabilidad, gratuidad y buen gobierno.
Se establece que la remuneración de los comisionados se observe el principio de austeridad y la presidencia del órgano garante dure dos años, sin derecho a reelección y sea rotativa.Así mismo, según el dictamen, se eficienta la función institucional otorgando funciones específicas al presidente y comisionados a efecto de distribuir las funciones sustanciales del órgano garante.
