Jaime GUERRERO
OAXACA, (pagina3.mx).- El tesorero del gobernador Gabino Cué Monteagudo podría ser sancionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de incumplir con la resolución de la Corte al ordenar la restitución de al menos 100 millones de pesos al municipio de Santiago Amoltepec.
El máximo tribunal del país estableció que en un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que le sea notificado este fallo, el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca deberá entregar las participaciones y aportaciones federales que corresponden al municipio de Santiago Amoltepec, desde el primero de enero de dos mil doce hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil doce.
Según la sentencia, el erario deberá ser mediante transferencia a las cuentas bancarias señaladas por el ayuntamiento electo para el período dos mil catorce dos mil dieciséis, según el acta de cabildo correspondiente, la que deberá cumplir con los requisitos de validez a que se refiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
De igual forma deberán entregarse en el mismo plazo, los intereses que se hayan generado por la falta de entrega aludida, los que deberán calcularse desde el primero de enero de dos mil doce hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, aplicando la tasa de recargos establecida por el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.
Además, en un fallo inédito, la SCJN estableció que el Poder Legislativo de Oaxaca por conducto de la Auditoría Superior del Estado, deberá fiscalizar y auditar el destino de los recursos federales entregados erróneamente por la autoridad gubernamental en el período del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.
La SCJN también determinó procede dar vista a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de sus competencias, audite y fiscalice la aplicación y destino de las aportaciones federales correspondientes al período del primero de enero de dos mil doce al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, que fueron entregadas erróneamente por el gobierno de Cué Monteagudo.
Del mismo modo determina que los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Oaxaca deberán proceder a los efectos de la sentencia.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de tres votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien se reserva su derecho de formular voto concurrente, en contra de los emitidos por los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes manifestaron que se reservan suderecho de formular voto particular.
Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro Ponente con el Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
También valora la sentencia que ordena la destitución y consignación penal de Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por el presunto incumplimiento a una sentencia dictada en 2014.
Así el Ministro Arturo Zaldívar, propone las mismas sanciones para el Secretario de Finanzas de Oaxaca, Enrique Arnaud Viñas.
Fuentes de la LXII Legislatura, refieren que el conflicto se originó en mayo de 2012, cuando el municipio de Santiago Amoltepec presentó una controversia constitucional contra el Gobierno estatal, al que acusó de depositar participaciones federales en cuentas bancarias no autorizadas por el Cabildo.
En febrero de 2014, la Primera Sala de la Corte resolvió, por 3 votos contra 2, que la Secretaría de Finanzas efectivamente hizo pagos a personas no autorizadas, por lo que le ordenó reponer los recursos más intereses.
Y ordenó a la ASF: «Para que, en el ámbito de sus competencias, audite y fiscalice la aplicación y destino de las aportaciones federales correspondientes al período del primero de enero de 2012 al treinta y uno de diciembre de 2013, que fueron entregadas erróneamente por la autoridad gubernamental del Estado de Oaxaca».
En el informe de la Cuenta Pública de 2013, la ASF presumió un daño a la hacienda federal por 39.1 millones de pesos, ya que el Municipio de Santiago Amoltepec, si bien recibió los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, no aportó documento alguno para comprobar en qué se gastaron.
De igual forma se alega el desorden en el ayuntamiento tras el asesinato en enero de 2011 de Luis Jiménez Mata, Alcalde electo por usos y costumbres, lo que generó confusión sobre las personas autorizadas para recibir los fondos.
Sin embargo, ahora deberá restituir la totalidad de los recursos asignados al municipio enclavado en la Sierra Sur durante los ejercicios fiscales 2012 y 2013.
En el 2012 el Fondo III y IV asciende a 42 millones 383 mil 107.77 pesos.
Ramo 28 Fondo Municipal de Participaciones 5 millones 275 mil 378 pesos. El Fondo de Fomento Municipal 1 millón 455 mil 561 pesos.
En el 2013 el Fondo III y IV a 42 millones 383 mil 108.60 pesos. El Ramo 28 Fondo Municipal de Participaciones a 5 millones 707 millones 995.50 pesos y el Fondo de Fomento Municipal 1 millón 21 mil 812 pesos.
