Chihuahua fue una de las 13 entidades que gastaron menos de lo que habían presupuestado en seguridad y justicia durante el 2020, pese la tendencia a la alza registrada en los homicidios dolosos
Por: Itzel Ramírez | Foto de portada: Rey R. Juregui | La Verdad Juárez
Aun con el aumento de la violencia, durante 2020 el gobierno de Chihuahua gastó más en el pago de aguinaldos, primas vacacionales y honorarios que en seguridad pública, según revela el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto 2021, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Los datos de cuentas públicas e información financiera de la entidad muestran que el gobierno ejerció 3 mil 472 millones de pesos para el pago de remuneraciones adicionales y especiales (es decir, las prestaciones para empleados y funcionarios), frente a los dos mil 313 millones de pesos gastados para la seguridad pública.
“Ya vimos que cada uno de los 32 estados respondieron de forma diferente ante la crisis económica y la crisis sanitaria del COVID-19. Hay algunos casos específicos que nos permiten entender cuáles son realmente estas diferencias en las prioridades de los estados”, explicó Ana Lambarri, investigadora del IMCO, en la presentación del estudio.
La revisión a las cifras reportadas por las entidades permitió ver el comportamiento que tuvo el gasto en el año 2020, específicamente en los rubros de salud, educación y seguridad y justicia.
De acuerdo con el informe, Chihuahua fue una de las 13 entidades que gastaron en seguridad y justicia menos de lo que habían presupuestado. Así, la entidad erogó un 4 por ciento menos de lo planeado, en total siete mil 824 millones de pesos, de acuerdo con el IMCO; el mismo comportamiento tuvieron las entidades de Veracruz, Sonora, Baja California Sur, Nuevo León, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco, México, Guerrero, Yucatán, Ciudad de México y Puebla.
La disminución en el gasto se inscribe en una tendencia ala alza en los homicidios dolosos cometidos en Chihuahua; de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 hubo dos mil 295 víctimas de este delito, el número más alto registrado en los últimos cinco años.
En su conjunto, el gasto de las 32 entidades federativas en el rubro de seguridad y justicia presentó un subejercicio de 18 mil 369 millones de pesos, siendo Puebla el estado con el ejercicio más desigual de lo presupuestado con lo finalmente gastado, con una diferencia del 32 por ciento.
“En todas las entidades la principal preocupación para los ciudadanos es la inseguridad, entonces ¿por qué recortar el presupuesto en seguridad y justicia?”, cuestionó Lambarri.
El gobierno estatal también gastó menos en Educación, un uno por ciento de lo que inicialmente presupuestó, al reportar un ejercicio de 25 mil 43 millones de pesos. Puebla, Baja California Sur, Yucatán, Sonora, México y Ciudad de México completan las entidades con el mismo comportamiento de menos gasto ejercido en el sector educativo durante 2020.
De acuerdo con IMCO, una de las explicaciones posibles es que el subejercicio obedeció al cierre de las escuelas por la pandemia, aunque la mayoría de las entidades ejercieron más de lo presupuestado, lo que podría explicarse por los gastos generados por adaptar el modelo educativo a distancia.
En el caso del gasto en salud, la entidad erogó un 16 por ciento más de lo inicialmente presupuestado para un total de 16 mil 872 millones de pesos, un comportamiento que probablemente obedece a la atención para la contingencia sanitaria por COVID-19.
El análisis muestra cómo la pandemia afectó las finanzas estatales, dijo Francisco Varela director de instituciones y gobernanza del IMCO.
“En general hubo una contracción del gasto público, la caída más grande en el rubro de seguridad y justicia”, señaló Varela.
El informe también llamó la atención sobre un comportamiento usual en las entidades federativas: la subestimación de los ingresos y el consecuente sobreejercicio de los recursos públicos.
El riesgo de esta práctica, detalló Lambarri, es que los excedentes se gastan de manera discrecional, prácticamente “cheques en blanco”.
De esta manera, Chihuahua gastó un siete por ciento más de lo aprobado inicialmente en su paquete económico 2020.
El peor en cumplimiento de información
De las 32 entidades, Chihuahua es la que menos cumplió con el reporte de información financiera en términos de la evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
Según el análisis, la entidad presentó un cumplimiento del cero por ciento en el reporte de la información programática, 43 por ciento en información presupuestal y 89 por ciento en la información contable, de lo que se desprende que no está armonizado en sus reportes financieros.
En seis años, la entidad avanzó 41 puntos para ubicarse actualmente en un cumplimiento del 58.3 por ciento, lo que la ubica en el peldaño más bajo de la medición.
