El Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado junto con organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de personas desaparecidas en Jalisco manifestaron su preocupación respecto al proyecto de Presupuesto de Egreso 2022 asignado a atender la problemática de las desapariciones en la entidad de manera integral; es decir, desde la atención inmediata de los casos, la búsqueda e investigación, hasta la prevención del delito, los servicios de atención a víctimas y la propia implementación de las leyes recién aprobadas en la materia.
Aunado a ello, denuncian que el Gobierno del Estado no ha respetado el principio de progresividad de los derechos humanos “que prohíbe el retroceso injustificado en cuestiones económicas, políticas y sociales para alcanzar los niveles de cumplimiento alcanzados” en materia de protección, prevención y erradicación de la problemática de las desapariciones.
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“Sin presupuesto no hay ley” manifestaron a través de un pronunciamiento público el Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares, quienes denunciaron la reducción de recursos económicos para instancias específicas que atienden la problemática de las desapariciones en la entidad para el año 2022.
Entre estos se encuentra la disminución de presupuesto para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el Modelo Integral de Atención a Víctimas de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas e, incluso, el Programa “Acompañar la Ausencia” destinado a la atención de las y los familiares de personas desaparecidas del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF).
Reconocieron que la reducción de recursos planteada en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 no es proporcional a la magnitud de la problemática que enfrenta el estado, puntualmente, con los casos de las más de 14 mil 700 personas desaparecidas en Jalisco, de acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
En contraste, precisaron que les resulta muy alarmante que instancias como el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión tengan un presupuesto 83% mayor al destinado a la Comisión Local de Búsqueda y 43% más alto que el asignado a la instancia local encargada de dar atención a las víctimas de estos delitos.
“El presupuesto resulta insuficiente para poder asignar recursos a funciones operativas cruciales en la implementación de las nuevas leyes en materia de desaparición de personas” sentenciaron. Y es que, en febrero de 2021, después de un trabajo de exigencia y cabildeo político, las familias y organizaciones lograron que las y los legisladores aprobaran la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco y la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición.
Advirtieron, por lo tanto, que no basta con la aprobación de leyes en materia de desaparición de personas, pues frente a “la emergencia de desapariciones en Jalisco”, el Gobierno de Jalisco debe garantizar “un presupuesto que permita priorizar una efectiva implementación de las mismas”.
“De tal manera que las instituciones encomendadas a la búsqueda de personas, atención a víctimas, la identificación forense y la procuración de justicia puedan agotar todos los medios para buscar y localizar a cada persona desaparecida en el estado”.
Además, consideraron que dicho proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2022 “no es sustantivo para atender las nuevas desapariciones que continúan ocurriendo, y tampoco refleja o toma en cuenta indicadores prioritarios para dar seguimiento a las tareas de búsqueda e investigación”, los cuales, son cruciales para las y los familiares que esperan el regreso de sus seres queridos ausentes.
Por otro lado, si bien, el Consejo y las familias han reconocido que, comparado con el año anterior, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas aumentaron un pequeño porcentaje de su presupuesto, en la práctica este incremento no cambiará del todo las circunstancias actuales.
Particularmente, la Fiscalía Especial recibirá para el año 2022, 104.9 millones de pesos; sin embargo, de éstos 75.9 millones de pesos se les irá en pagar sueldos y prestaciones, razón por la cual sólo 29 millones de pesos se emplearán en cumplir su labor: buscar a las personas desaparecidas y capturar a los responsables de su desaparición.
Si esta cantidad se divide entre las personas actualmente desaparecidas para su búsqueda en todo el año que viene se van a dedicar por persona sólo mil 963 pesos (poco más de 5 pesos al día).
Frente a ello, el Consejo, las organizaciones y las familias han enlistado una serie de requerimientos mínimos que lograrían subsanar las omisiones hasta ahora evidenciadas por las autoridades en dicho presupuesto:
- Dotar de recursos suficientes a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para llevar a cabo acciones de búsqueda de personas en vida y “no a través de oficios entre instituciones”. Además, que estos recursos asignados “refuercen las acciones de búsqueda a nivel regional y municipal”.
- Dotar de recursos suficientes a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y que estos “puedan traducirse en investigaciones realizadas desde y por el suficiente número de ministerios públicos en coordinación con policías investigadores”.
- Dotar de recursos estratégicos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Específicamente para que la instancia cuente con personal suficiente y capacitado, ya que, de acuerdo con el Consejo, los colectivos y organizaciones firmantes “sólo 3 de cada 10 peritos de esta institución se dedican a labores de identificación”; así como, para operar y alimentar los registros de Datos forenses de personas fallecidas no identificadas y el Registro Estatal de Fosas, como marca la ley. Todo lo anterior con el fin de “revertir el rezago en los procesos de identificación humana” y evitar que las familias atraviesen por un largo camino para la entrega de sus seres queridos localizados sin vida.
- Dotar de recursos a la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas “para que tenga capacidad operativa y económica suficiente para brindar a las víctimas de desaparición las medidas de ayuda, asistencia y asesoría jurídica”, además de “atender de manera integral a las familias que desean tramitar la declaración especial de ausencia por desaparición”.
- Verificar que las autoridades municipales incluyan en sus proyectos de presupuesto los recursos adecuados para la creación y operación de las Células de Búsqueda Municipales, tal y como lo establece la Ley de Personas Desaparecidas del estado de Jalisco.
“Que la aprobación del presupuesto a la ley de egresos sea un ejercicio y muestra del compromiso social que les corresponde como diputadas y diputados en calidad de representantes de la población jalisciense ante tan grave problemática que es la desaparición de personas en Jalisco” finalizaron.
