La decisión de la SCJN sienta como precedente la imposibilidad de que una controversia constitucional pueda usarse para que un poder conozca si otro orden de gobierno le investiga
Por: Itzel Ramírez | Foto de portada: SCJN | La Verdad Juárez
Por unanimidad y sin discusión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional 183/2018 que en 2018 -a menos de dos meses de dejar la Presidencia de la República-, interpuso el gobierno de Enrique Peña Nieto para conocer y frenar las investigaciones realizadas en su contra por el gobierno de Chihuahua, entonces representado por Javier Corral Jurado.
En la sesión de este miércoles, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó el proyecto que desechó la controversia y que dio fin al proceso que inicialmente admitió el ahora exministro Eduardo Medina Mora, quien otorgó una suspensión para que se detuvieran las averiguaciones en contra de Peña y de funcionarios federales.
Aunque debido a que ya no están en funciones, la decisión de la Corte no tiene mayores efectos sobre los exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto, sienta como precedente la imposibilidad de que una controversia constitucional pueda usarse para que un poder conozca si otro orden de gobierno le investiga.
El acuerdo, presentado con el número 7 dentro de las ponencias de Ortiz Mena, sobresee la controversia constitucional que impugnaba “las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación, solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen a actuales o anteriores funcionarios públicos federales que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”, así como citatorios, órdenes de aprehensión o presentación, órdenes de arraigo e incluso la comunicación entre funcionarios de Chihuahua respecto de las investigaciones que pudieran realizarse en contra de los servidores públicos federales.
Al presentar el recurso y la protección de la justicia federal en 2018, el gobierno de Peña dijo que las posibles investigaciones en su contra “generaría(n) una afectación al orden constitucional y a los derechos de la sociedad”.
La controversia fue presentada luego de que el gobernador Javier Corral dijo que el esquema de desvío de recursos presuntamente cometidos por César Duarte llegaba a otras esferas, incluso al entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto y con conocimiento y autorización de otros funcionarios.
En octubre de 2018, cuando Medina Mora concedió la protección, el gobierno de Chihuahua presentó recursos para que se desechara la controversia constitucional. Ya en 2019, la Segunda Sala de la SCJN había declarado fundada la reclamación que hizo la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, lo que eliminaba la suspensión, aunque ahora la Corte se pronunció por la controversia inicial.
Sigue pendiente ‘La Coneja’
En la misma sesión, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena retiró el asunto número 1, referente al amparo en revisión 921/2019 en el que la Secretaría de Hacienda de Chihuahua reclama que se le reconozca su calidad de víctima para poder llevar ante la justicia el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Antonio García Tarín y Gerardo Villegas Madriles.
Esta es la segunda vez que se aplaza la decisión sobre el amparo, que está relacionado con el presunto desvío de 250 millones de pesos del erario para las campañas del PRI.
En el amparo, el gobierno de Chihuahua busca que se revoque la decisión de un tribunal federal para reconocerle su calidad de víctima y ofendido y con ello continuar con el juicio en contra de Gutiérrez, García Tarín y Villegas.
Cuando en 2019 se concedió el amparo, la FGE Chihuahua ya no pudo participar del proceso federal en contra de Gutiérrez, que quedó solo en manos de la FGR. La dependencia no presentó cargos y en consecuencia, Gutiérrez Gutiérrez quedó en libertad.
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