Las madres, esposas, hijas y hermanas de los presos y perseguidos de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón han desarrollado una red desde la que resisten al poder punitivo del Estado mexicano con base en solidaridad y asistencia colectiva
Texto: Karen Rojas Kauffmann / ElMuro mx
Ilustraciones: Antonio Mundaca
ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA.- “A veces es tanto el dolor que ni cruzar palabra podemos. Entonces caemos en el llanto y cada una empieza a hablar con dios a su modo”. Lo dice Argelia Betanzos Zepeda, mientras sus palabras reverberan en una hondura sin fondo. Lleva meses hablando por decenas de mujeres que durante casi una década resisten los embates del Estado mexicano, y esperan la liberación de sus presos entre la fusión de la clase política oaxaqueña con grupos de la sociedad civil que se alimentan del despojo.
“Entonces una habla más fuerte y entre el llanto y las oraciones entramos en una tranquilidad que nos cobija y nos permite recuperar el diálogo. Y aunque somos muchas nos unifica tanto el dolor y la necesidad de ser restauradas que no vemos las diferencias entre nosotras. Nos concentramos en lo que nos une y esto, en medio de tanta tristeza, ha sido maravilloso”.
Argelia hace una pausa. Con su voz menudita dice que son un grupo de madres, esposas, hijas o hermanas de perseguidos políticos. Juntas han desarrollado distintas formas de resistencia que las ha llevado a comprender la solidaridad y la asistencia colectiva que se gesta cuando se tiene un familiar encarcelado, y un aparato de justicia que además de fragmentarlas, dividirlas e invisibilizarlas, se las va tragando.
Las mujeres que trasgredieron los límites
Argelia Betanzos es hija del profesor Jaime Betanzos Fuentes. Uno de los siete presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón. Se trata de una pequeña comunidad ubicada en la sierra mazateca, al norte de Oaxaca, que en diciembre de 2014 atravesó por uno de sus episodios más violentos, cuando estalló el conflicto entre los integrantes de la Asamblea Comunitaria, regida por usos y costumbres, y el cacicazgo político de la familia Zepeda que se disputa el control de la zona desde 2010.
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