Jaime GUERRERO
OAXACA.- A propuesta de la bancada del PRD, el pleno de la LXV Legislatura, exhortó a las y los magistrados del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca a respetar los derechos laborales del personal de base y de confianza del disuelto Tribunal.
Asimismo que, la transferencia del personal dé inicio a partir del 3 de agosto próximo, para quedar concluida en el mismo plazo establecido en el artículo séptimo transitorio.
No obstante, en tribuna, la diputada del PRD Rocío Melchor, aseguró que hubo una clara violación a los principios de legalidad, seguridad y democracia deliberativa en el proceso legislativo, al cometer una serie de deficiencias legislativas de alto potencial invalidatorio.
Pese a las críticas, la bancada de Morena, PT, PVEM, PRI y PAN avalaron el exhorto.
La perredista refirió que hay empleados que han prestado sus servicios desde el año 2007, en que se creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Y otros que se han integrado a través del tiempo en los distintos tribunales administrativos.
Actualmente, hay una plantilla de 91 empleados, de los cuales 56 son mujeres y 35 son hombres.
De acuerdo con la bancada perredista, hay derechos adquiridos que se tienen que respetar, ante una situación de sustitución patronal que se presenta en ese caso.
Sin embargo, existe un fundado temor de las y los empleados, debido a que el decreto que desapareció al anterior tribunal no lo dice, refirió Rocío Melchor.
Concedió que coinciden con el grupo mayoritario de Morena, que el Tribunal de Justicia Administrativa tiene un papel central en el sistema estatal de combate a la corrupción.
Por lo que debe estar sometido a una evaluación permanente y objetiva, adelantó.
No obstante, dijo que no pueden estar de acuerdo con las prácticas autoritarias y apartadas de la legalidad y la regularidad constitucional que fueron empleadas para imponer la desaparición del anterior tribunal de justicia administrativa.
Según sus dichos, no es el objetivo ni papel del PRD defender a las y los magistrados del tribunal desaparecido.
Pero sí es importante exponer que lo que se vivió el pasado sábado 22 de julio en la soberanía fue una clara violación a los principios de legalidad, seguridad y democracia deliberativa en el proceso legislativo, al cometer una serie de deficiencias legislativas de alto potencial invalidatorio.
“Rechazamos la clara violación a nuestra normatividad interna, porque la urgencia de convocarnos a sesión extraordinaria, así como a dispensar los trámites del proceso legislativo para resolver de manera urgente la iniciativa y a sesionar de manera virtual, nunca fueron debidamente justificadas”, reclamó.
La perredista cuestionó también la urgencia para resolver la iniciativa del presidente de la Jucopo, porque ocasionó serias deficiencias legislativas que debilitan la institucionalidad y operatividad del nuevo tribunal.
Son un grave problema de certeza jurídica para los justiciables y las y los empleados del tribunal desaparecido.
En ese sentido, destacó que el artículo octavo transitorio del decreto dispone que la reestructuración y trasferencias de los recursos humanos, financieros y materiales del tribunal desaparecido, para dar paso a la instalación del nuevo, deberá contemplarse dentro de la Ley Orgánica del tribunal nuevo.
Advirtió que el artículo transitorio séptimo dispone que el Congreso deberá emitir la Ley Orgánica del nuevo tribunal, dentro del plazo de 60 días naturales posteriores a la publicación del decreto, por lo que la nueva magistratura deberá apegar sus funciones en lo que corresponda a la legislación vigente.
Sin embargo, el artículo transitorio tercero deroga las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido en el decreto.
Cuestionó entonces que si las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido en el decreto, entre ellas la Ley Orgánica del tribunal desaparecido fueron derogadas, entonces ¿a qué disposiciones deberá apegar sus funciones el nuevo tribunal?
Además, si el artículo transitorio séptimo dispone que el Congreso deberá emitir la Ley Orgánica del nuevo tribunal, dentro del plazo de 60 días naturales posteriores a la publicación del decreto y, que, la reestructuración y trasferencias de los recursos humanos, financieros y materiales del tribunal desaparecido para dar paso a la instalación del nuevo, deberá contemplarse dentro de la nueva ley orgánica.
Bajo esa perspectiva, cuestionó:
“¿Ya que el decreto no lo dice, en qué situación laboral van a quedar las y los empleados de base y de confianza del tribunal desaparecido?”.
“¿Si el jueves 3 de agosto, todavía no habría nueva ley orgánica, ni transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros, ¿en qué fecha va a empezar a operar y administrar justicia el nuevo tribunal?”.
“¿Si el nuevo tribunal empezara a funcionar el 3 de agosto, con qué empleados va a operar, ¿si todavía no hubiera ley orgánica ni transferencia de empleados?”.
“¿Si el nuevo tribunal no pudiera empezar a funcionar el 3 de agosto, los asuntos y la relación laboral de los empleados quedarán suspendidos hasta en tanto se emite la nueva ley orgánica?”, lanzó.
