Pedro MATÍAS
JUCHITÁN, Oax. (pagina3.mx).- Con la imposición del megaproyecto presidencial denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) se incrementaron las agresiones colectivas e individuales en contra de comunidades y personas defensoras del territorio y los derechos humanos al ser documentados 31 casos en los últimos 10 meses, reveló un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Al concluir el recorrido que realizó una Misión de Observación en la que participaron 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales por cuatro comunidades en resistencia al Corredor Interoceánico, el informe detalló que entre octubre de 2022 a julio de 2023 se han registrado 31 eventos de agresiones principalmente contra personas indígenas mixes y zapotecos, de los cuales 21 casos fueron por intimidación, hostigamiento y amenazas.
Además 11 fueron casos de violencia física y psicológica y desalojos forzosos; tres homicidios de personas defensoras; 43 casos de denuncias penales a autoridades locales y defensores comunitarios del territorio y dos casos de difamación a través de medios públicos de gran alcance.
Durante su recorrido de tres días, la Misión Civil de Observación registró violaciones a derechos humanos enmarcadas en el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo
en contra de personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas mismas que provienen en gran medida de la Marina y la Guardia Nacional.
Este día, 27 de julio, concluyó la Misión Civil de Observación que inició el 25 de julio en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con el objetivo de documentar las violaciones a los derechos humanos y las agresiones contra personas y comunidades defensoras en el contexto del megaproyecto denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
En el recorrido de tres días visitaron a personas y comunidades afectadas de la zona norte en el campamento “Tierra y Libertad” de Mogoñé Viejo.
La conflictividad originada por el Polo de Desarrollo en Santa María Mixtequilla, los despojos encabezados por Anastasio Gutiérrez y su hermano en Santa Cruz Tagolaba y la criminalización de la resistencia de comuneros de Puente Madera que se oponen al parque industrial en su territorio.
Las personas y organizaciones participantes en la Misión concluyeron que en la ejecución del CIIT están ocurriendo violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de estas zonas y a quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas.
Específicamente se refirieron a sus derechos a la información, ya que las comunidades reclaman que no han tenido acceso a toda la información relevante relativa a la construcción del megaproyecto y a las afectaciones de éste en sus territorios; a la participación, la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural.
Esto, debido a que no se llevó a cabo una consulta previa, libre e informada de acuerdo con lo que establecen los estándares nacionales e internacionales; y a la vida, la integridad, la libertad personal y la libertad de expresión, entre otras, debido a las agresiones físicas, hostigamientos y criminalización que están viviendo, sobre todo quienes están liderando la lucha por la naturaleza, la tierra y el territorio.
En la conferencia de prensa que se realizó este jueves 27 de julio, en Juchitán, Oaxaca, las organizaciones nacionales e internacionales expresaron su preocupación frente a los eventos de agresión registrados en el marco de la construcción del megaproyecto del Corredor Interoceánico.
Indican que ha habido un aumento en las agresiones en este año y está en riesgo la integridad de las personas defensoras que resisten ante este megaproyecto. Durante la Misión, las personas participantes fueron testigos de incidentes de seguridad como la presencia constante y vigilante de las fuerzas armadas.
El informe de la Misión insistió en que no se ha realizado la consulta orientada a obtener el consentimiento por parte de las comunidades ayuuk afectadas por el CIIT.
En contraposición, se han registrado intervenciones violentas por parte de la Marina y de la Guardia Nacional, como los desalojos violentos, detención arbitraria y criminalización en contra de personas defensoras en Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares; así como las amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.
En Santa Maria Mixtequilla también se documentó la intimidación de la Guardia Nacional ante la Asamblea Comunitaria y diversos casos de represión en contra de personas que han mostrado resistencia al “Polo de Desarrollo” que se pretende construir.
De igual forma se documentaron ataques en la zona de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, donde se han producido eventos de agresiones físicas, despojo, ocupación ilegal de tierras y desplazamientos forzados en contra de comuneros y comuneras debido a la especulación provocada por el Corredor Interoceánico al encontrarse en un punto estratégico.
La comunidad binniza de Puente Madera ha sufrido una campaña de criminalización y difamación, así como una serie de agresiones como detención arbitraria y fabricación de delitos en contra de 17 defensoras y defensores por su lucha ante la imposición del “Polo de Desarrollo” de San Blas Atempa, Oaxaca.
Integrantes de la misión alertaron también ante la existencia de ataques e impactos diferenciados en mujeres indígenas defensoras quienes enfrentan agresiones, calumnias y difamación basadas en estereotipos de género y con cargas de sexualidad. Esto impacta también en su liderazgo, su rol comunitario y familiar.
Entre las autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos señaladas durante la misión destaca la Guardia Nacional, la Marina, la Sedena, la Policía Estatal, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, autoridades municipales y la Procuraduría Agraria.
Fueron señalados también diversas empresas, grupos armados y caciques locales.
De acuerdo al Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, que presentó el CEMDA, más allá del megaproyecto del CIIT, en general, Oaxaca ocupó el primer lugar en número de eventos de agresión entre 2019 y 2022, de acuerdo a dicha publicación. De un recuento del 2012 al 2018, Oaxaca se ubica como la entidad con mayores registros de ataques o eventos de agresión documentados.
Tras concluir su recorrido e investigación en torno al proyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la Misión de Observación señaló su profunda preocupación por el contexto de riesgo para quienes ejercen su legítimo derecho a la defensa del territorio y reafirmó que dará seguimiento a las violaciones documentadas.
Finalmente lanzó un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales competentes para que:
Reconozcan y respeten los derechos humanos y colectivos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio, a la participación, al consentimiento previo, libre e informado, y la vida de los pueblos indígenas, bajo el estándar más alto de protección.
Garantizar el derecho de acceso a la justicia y detener toda forma de amenaza y agresión en contra de los pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza.
Se emprendan las acciones necesarias para garantizar un entorno seguro en el marco del artículo 9 del Acuerdo de Escazú para que puedan realizar su labor.
Y provean a los pueblos indígenas de la información necesaria, suficiente, completa y culturalmente adecuada sobre el megaproyecto y todos sus componentes como son el gasoducto y los polos de desarrollo, para que puedan ejercer su derecho a la libre determinación.
Entre las organizaciones que participaron se encuentran CEMDA, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Front Line Defenders, Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Servicios para una Educación Alternativa, Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Brigada Humanitaria de Paz Marabunta Oaxaca, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos (Red TDT) y Artículo 19 México.
