*Jueza María Teresa Quevedo Sánchez declara que presunto pederasta cometió delito condenatorio sin agravantes, al abusar sexualmente de una niña.
Mar LÓPEZ
Oaxaca.– En agosto de 2018, Felipe de Jesús Francisco García, vecino de Asunción Nochixtlán, fue denunciado por abuso sexual de una niña de 6 años.
En la Fiscalía de la Mujer la denuncia fue sustentada con todas las pruebas y estudios necesarios y nada pasó durante 30 meses.
Fue hasta el 5 de febrero de 2021 que vincularon a proceso a Felipe por el delito de abuso sexual infantil agravado.
El juez ordenó su reclusión, pero para sorpresa de la parte afectada, el imputado realizó una maniobra.
Alegó con solo una receta médica de Farmacia del Ahorro que era positivo a virus de COVID19 y consiguió postergar su reclusión, denunció la parte afectada.
Durante todo ese año, ni la fiscalía, ni ningún órgano correspondiente de la Mixteca corroboró las recetas médicas que presentaba el imputado.
Por el contrario, aseguró la parte afectada, avalaron sus irregularidades, así como los amparos que el imputado presentaba.
Así transcurrieron lo años y la justicia no llegó. Nadie hizo nada por ejecutar la orden de aprehensión.
Movidos por la desesperación y la falta de justicia, familiares de la víctima relataron que de manera personal investigaron dónde podían localizarlo.
Fue así que lograron identificar el paradero del imputado y solicitaron el apoyo de la fiscalía de Tuxtepec para ejecutar la orden.
Sin embargo, hasta el 27 de marzo de 2023 lo capturaron; es decir, 55 meses después de la denuncia.
Con la captura se reabrió el caso y prosiguió el proceso.
En el juicio de debate participaron una jueza y dos jueces:
Jueza presidenta: María Quevedo Sánchez
Juez José Gabriel Ramírez Montero
Y el juez Lorenzo Ramírez Cruz.
En el juicio descubren que el abogado del imputado, Andrés Quevedo Martínez, tiene un parentesco con la jueza presidenta (hermano).
Durante el debate nuevamente presentaron las pruebas que fueron aceptadas.
Pero fue hasta el 14 de agosto pasado que se dictó la sentencia, cinco años después de la denuncia por abuso sexual contra una niña.
Y para la jueza presidenta María Teresa Quevedo, “el delito es condenatorio sin agravantes”.
Ordenó el pago mínimo de una multa y la liberación del imputado, dejando 10 días a la parte afectada para apelar la sentencia.
Ante esa determinación judicial, familiares de la víctima, que pidieron el anonimato, dijeron sentirse sumamente defraudadas por la justicia.
En entrevista, también expusieron que temen por la seguridad de la víctima y por el retroceso en su tratamiento psicológico tras la sentencia.
Consideran que con esa “justicia”, muchas otras niñas que han enfrentado abusos sexuales corren el mismo riesgo de no obtener castigo para sus agresores.
Lamentaron que el imputado ahora se encuentre libre, porque según la jueza el delito que cometió no merece un castigo mayor.
“Lo único que solicitamos es que se haga justicia.
“Por la ley anterior o por la nueva, el acto que dañó a la víctima está tipificado como delito y se condena con cárcel.
“Solicitamos que revisen la ley y que realmente se haga justicia”, puntualizó la parte afectada.
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