Para personas de comunidades indígenas, la creación de “acciones afirmativas” para acceder a cargos de elección popular está más cerca de ser una simulación que de garantizar la llegada de personas de pueblos originarios a las presidencias municipales, diputaciones y regidurías.
Jaime Armendáriz / Raíchali
Chihuahua.- Ana Cely es una mujer rarámuri oriunda de Norogachi, comunidad serrana del estado de Chihuahua. En 2021 buscó representar al indigenismo en el Congreso del estado y participó en las elecciones de ese año. Los resultados no le fueron favorables y ganó un “chabochi”, que es como les dicen desde las comunidades a las personas mestizas.
Su participación la hizo por el distrito 22, el cual está reservado desde 2021 para “personas indígenas”, ya que abarca municipios con una población alta de pueblos originarios. Sin embargo, en la práctica, a esa diputación se han postulado personas que, sin ser indígenas, se autoadscriben como tal y se les permite la participación porque cumplen con una serie de requisitos establecidos por la autoridad electoral.
En esta elección del 2024 no es la excepción. Las 2 principales fórmulas contendientes por ese distrito, la del PRI-PAN-PRD y la de Morena, son encabezadas por personas que dicen tener una vinculación con las comunidades, pero no son indígenas.
Desde el propio Instituto Estatal Electoral (IEE) se reconoce que una autoadscripción no determina que la persona sea indígena o no, simplemente se establece un vínculo con alguna comunidad.
Justo eso es en lo que no están de acuerdo personas indígenas que consideran como una simulación las supuestas ventajas que hay para llegar a cargos de elección popular bajo las llamadas “acciones afirmativas”.
¿QUÉ SON LAS ACCIONES AFIRMATIVAS?
El IEE creó las “acciones afirmativas” como medidas compensatorias para poner el piso parejo a personas y/o grupos que han sido históricamente vulnerados. Esas acciones van dirigidas a personas de la comunidad LGBTTTIQA+, personas con discapacidad, e integrantes de las comunidades y pueblos indígenas.
En específico para personas indígenas, desde el 2020 se obligó al Congreso del Estado a crear leyes para garantizar los derechos políticos a ese grupo poblacional dentro del sistema de partidos políticos, pero los diputados no lo han hecho.
El organismo electoral creó en 2021 esos lineamientos y nuevamente para la elección de este 2024, a fin de obligar a los partidos a postular a personas indígenas.
Esas normas las crearon a partir de una consulta indígena realizada durante el 2023.
Por ejemplo, en el caso de las candidaturas para cargos en los Ayuntamientos, los partidos debieron postular por lo menos a una fórmula con personas de comunidades originarias, es decir, la titularidad y suplencia, ya sea para alcaldía o alguna regiduría, en 22 municipios: Ahumada, Bachíniva, Buenaventura, Chihuahua, Juárez, Madera, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Delicias, Gómez Farías, Guazapares, Guerrero, Parral, Matamoros, Moris, Ocampo, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco del Oro, Santa Bárbara y Temósachi.
Y por lo menos 2 fórmulas para estos 12 municipios: Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Maguarichi, Morelos, Nonoava, Urique, y Uruachi, por ser los lugares donde se concentra una mayor población indígena.
Esa misma medida tuvieron que atender para la postulación a la diputación por el distrito 22, cabecera en Guachochi, y que también abarca a los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Carichí, Guadalupe y Calvo, Morelos, Urique.
¿Y DAN UNA REPRESENTACIÓN REAL EN LOS PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR?
Aunque en el lineamiento existe una obligatoriedad para tener candidaturas indígenas, en la práctica los requisitos se enfocan en una autoadscripción.
Para que las personas puedan registrarse como indígenas deben presentar:
-Una carta de autoadscripción que diga, entre otras cosas, la comunidad a la que pertenece, si es hablante de lengua indígena y cuál es, los motivos por los que se autoadscribe a esa comunidad y el vínculo que mantiene.
-También presentar una constancia de adscripción firmada por gobernador indígena, asamblea general comunitaria o equivalente, o asamblea de autoridades indígenas, tradicionales y comunitarias, en donde diga cómo se acredita la pertenencia a esa comunidad de la persona que pretende ser candidata.
El caso de Ana Cely, que contendió en el 2021 por el PAN para ser diputada por el distrito 22, es uno de varios ejemplos de personas que son indígenas pero que se quedan en el camino, superadas por quienes acreditan una autoadscripción en papel.
Gerardo Macías Rodríguez, consejero del IEE, reconoció en una rueda de prensa de principios de abril que una autoadscripción calificada no determina si una persona es indígena o no, y explicó que no se trata de un asunto sanguíneo, sino de algún vínculo que se tiene con alguna comunidad.
“No fue algo sacado de la manga ni inventado, fue el resultado de la consulta indígena”, puntualizó. Luego afirmó que aún falta mucho por hacer para tener una real representación indígena en los cargos de elección popular.
Para Patricio Rodríguez, indígena de la comunidad de Tónachi, municipio de Guachochi, el solo hecho de comprobar por escrito la autoadscripción a una comunidad, resulta un absurdo. “Sí, tienen el documento que dice que son indígenas pero eso no lo pueden comprobar. Ni hablan la lengua, ni sus abuelos ni bisabuelos eran indígenas, ¿pues cómo?”, dijo.
Además que obtener una carta de alguna gobernadora o gobernador indígena podría ser más fácil de lo que parece, por lo menos para los partidos políticos.
“Si tu dices ‘es que hay que decirle a los gobernadores indígenas que no den un documento’, pues ¿cómo no lo van a dar?, si los amenazan, si los compran por la necesidad, etcétera, obviamente cualquier vivo y mal intencionado saca 2 o 3 documentos de los que les pidan, porque nuestra gente no actúa con maldad”, precisó.
El IEE tiene una Defensoría Pública de Derechos Político Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense. Ese organismo es encabezado por Perla Bueno, quien ha ayudado a personas indígenas a integrar sus demandas contra la falta de leyes para garantizar su participación electoral.
En entrevista con Raíchali, Perla Bueno habló del tema de las cartas expedidas por las comunidades. En su opinión, el cuidado de esos documentos debe venir desde las propias comunidades y no de los organismos públicos.
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