Diana Manzo
Oaxaca, Oax.- Los agresores sexuales de Camila, una niña indígena de Asunción Ocotlán, Oaxaca son su abuelo y su tío.
De 13 años de edad, la exigencia máxima de la menor, es cárcel para sus violentadores, sin embargo las autoridades de justicia le han negado este derecho.
Pero eso no es todo, la madre de Camila tiene una enfermedad mental, que es aprovechada con ventaja de su tío y abuelo , quienes las han echado de su vivienda, a pesar de que son las dueñas.
Ante esta vulnerabilidad extrema, y a pesar de las evidencias presentadas, las autoridades de la Fiscalía de Oaxaca han mostrado omisión y respuesta inefectiva.
La única ayuda que Camila y su madre han recibido es por parte de una trabajadora comunitaria y de la presidenta del DIF municipal, Raquel Diaz Gutiérrez.
“A pesar de la naturaleza del delito y las evidencias presentadas, las autoridades de justicia han mostrado una alarmante falta de acción y respuesta efectiva ante la situación de vulnerabilidad extrema”, declaró la presidenta del DIF.
La funcionaria municipal relató que Camila y su madre tienen medidas cautelares de protección, pero pareciera que eso no cuenta, pues estos violentadores siguen ejerciendo ahora violencia patrimonial en contra de ambas.
“Me preocupa la vida de Camila y su madre, en el DIF le costeamos sus gastos y una de sus tías también, la escuela le da los alimentos, ella es una niña de dieces, y no debería estar pasando esta situación, esto es lamentable, una niña no debería estar luchando por su sobrevivencia”, expresó.
Además dijo, que visibilizar las agresiones de la niña y su madre, les está costando revivir amenazas por parte de terceros, que intentan intimidarlas para que no continúen con el procedimiento legal.
La urgencia dijo, la funcionaria es la intervención de las organizaciones no gubernamentales para brindar apoyo legal y psicológico a la niña y su madre.
“Exigimos que las autoridades a actúen de manera inmediata para procesar a los responsables del abuso y asegurar la protección de las víctimas contra amenazas y desalojo”, dijo.
Por último, externó, que además de Camila, en esta localidad, se han dado otros dos casos de niñas agredidas sexualmente por sus familiares cercanos.
De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (REDIM), en México en tan solo el año pasado (2023) 9 mil 802 niñas y jóvenes entre 1 y 17 años vivieron violencia sexual, que significa un aumento de 1,139.2% con respecto a lo observado en 2010 cuando se registraron 791 casos en total.
