Jaime GUERRERO
Tras el asesinato de Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, los integrantes del Cabildo renunciaron y este miércoles, la LXVI Legislatura, aprobará la desaparición del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Mateo Piñas, Pochutla, Oaxaca, electo para el periodo Constitucional del primero de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2025.
El asesinato de Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, ocurrió el pasado domingo 15 de junio, alrededor del mediodía, cuando un grupo armado irrumpió en el Palacio Municipal y ejecutó a la alcaldesa y a un representante comunitario en un lapso de apenas seis minutos.
A más de un mes del crimen -del que no hay detenidos- el Congreso del Estado, resolvió la desaparición del ayuntamiento y de acuerdo a la ley orgánica municipal, corresponde al gobernador del estado, designar a un comisionado municipal para que culmine los 5 meses que se restan a la administración municipal electa.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), cinco personas armadas y encapuchadas, que se trasladaban en dos motocicletas, ingresaron violentamente al edificio público y dispararon en múltiples ocasiones contra García Soto y Gregorio García Ruiz, representante de la comunidad de Agua Caliente, quien también perdió la vida en el ataque.
El fiscal detalló que los agresores utilizaron armas de alto poder, entre ellas rifles AK-47y AR-15. En el lugar del crimen se encontraron al menos 60 casquillos percutidos, lo que confirma la brutalidad del atentado.
La fiscalía estatal ha establecido cinco líneas de investigación, todas relacionadas con denuncias, tensiones administrativas y conflictos locales que enfrentaba la presidenta municipal.
Una de las principales líneas apunta a la denuncia que García Soto presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR)por el presunto desvío de 25 millones de pesos.
Este dinero fue entregado por el gobierno federal a la administración anterior, encabezada por Tomás Victorio García, para atender los daños causados por el huracán Agatha en 2022. De los 50 millones asignados, la mitad no habría sido aplicada correctamente, según la denuncia.
Otra línea está relacionada con el robo de 132 mil pesos a la tesorería municipal, destinados a la construcción de un comedor escolar en la secundaria “02 de Octubre”, en la comunidad de Loma Cruz.
El caso fue denunciado en marzo de 2024 y la audiencia de debate está programada para el 26 de agosto de este año. El presunto responsable ha sido identificado como Aldo Silva García (también referido como Aldo Edén Silva García).
La tercera línea de investigación involucra la negativa de la alcaldesa a permitir cobros ilegales por el tránsito de madera en la región, práctica que habría generado tensiones con grupos locales que controlan dicha actividad.
Según declaró el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, estas cuotas se imponían de manera informal y generaban ganancias no reguladas que afectaban directamente a la comunidad.
También se investiga la falsificación de la firma de la presidenta en documentos oficiales. La denuncia por este delito fue interpuesta el 14 de enero de 2025, tras detectar movimientos financieros irregulares y el uso de su firma en trámites no autorizados. El ex tesorero municipal es uno de los principales señalados en esta carpeta de investigación.
La última línea está vinculada al complejo contexto político y social de San Mateo Piñas. Según la fiscalía, la elección mediante la cual García Soto asumió el cargo estuvo marcada por disputas internas entre grupos que buscan el control de la comunidad.
San Mateo Piñas se rige por sistemas normativos indígenas. García Soto fue la primera mujer en asumir la presidencia municipal de San Mateo Piñas para el periodo 2023–2025. Fue electa en noviembre de 2022
