Jaime GUERRERO
De acuerdo a Jesica Sánchez Maya, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, los cerca de 100 feminicidios que se han registrado en la entidad, reflejan la permisibilidad que existe del Estado para el asesinato de las mujeres.
La activista, indicó que de acuerdo a su conteo hemerográfico, en lo que va del sexenio de Gabino Cué Monteagudo, han ocurrido 343 feminicidios, mientras que de enero a octubre se contabilizan 90, diez casos menos que los registrados en las estadísticas oficiales publicados por la PGJE a través de su página oficial.
Hasta el momento, señaló, el delito del feminicidio sólo está observando, mientras los asesinatos no culminan en la impartición de justicia a los familiares de las víctimas, entre éstos las y los hijos de las mujeres asesinadas.
«Tenemos que empezar a mirar cuántas niñas y niños se quedan sin sus madres, cuántas niñas y niños huérfanos hay a causa de los feminicidios. Es un importante que empecemos a colocar este tema porque la política pública se queda corta si se mira el feminicidio como consecuencia exclusiva del arrebato de la vida de las mujeres y no de las otras consecuencias que deja», declaró.
Indicó que la impunidad que existe en torno a este delito está ligado con un proceso jurídico dilatado que ha ocasionado casos en la indefinición como el femincidio de Dafne Carreño Bengochea en donde aún no existe una sentencia en contra de Alejandro Enrique Rivera López.
«Entre las garantías a la defensa y el exceso de trabajo, estamos esperando que el Poder Judicial pueda sentar un precedente al sentenciar a un feminicida, sin embargo el agresor tiene derecho a interponer, impugnar y ofrecer las pruebas que determine sus defensa pertinente», sostuvo.
Dijo entonces que el incremento mayúsculos que ha habido de los feminicidios en el sexenio de Cué Monteagudo, son una muestra clara del nivel de violencia que se vive en el país, la permisibilidad y la falta de garantías de los derechos humanos, en especial el derecho a la vida», dijo.
Sánchez Maya consideró que Oaxaca atraviesa por una «grave crisis» porque no escapa a la descomposición que vive el país.
El caso de Dafne, añadió, sigue en un proceso de desahogo de pruebas.
Otro más, expuso, es el caso de una mujer asesinada en la Mixteca en donde después de un año de librada la orden de aprehensión, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) no ha ejecutado la orden. «No sabemos qué está parando la orden de aprehensión», cuestionó.
