Jaime GUERRERO
La Cámara de Diputados aprobó ayer, con 352 votos a favor y 133 en contra, una reforma fiscal impulsada por la mayoría oficialista de la Cuarta Transformación (4T) que eleva cobros por servicios estatales.
La iniciativa, que se suma a incrementos en IEPS y otros impuestos, entrará en vigencia en 2026 si es confirmada por el Senado.
Y es que se incrementarán pagos por trámites gubernamentales como servicios migratorios, verificación de helipuertos, licencias de aeronavegabilidad y vigilancia de instalaciones financieras.
Un cambio destacado es el cobro de 294 pesos por el formato SAM (Salida de Menores al Extranjero), un documento que hasta ahora era gratuito y permitía a menores viajar solos sin poder notarial de sus padres.
Otras modificaciones incluyen un alza del 109% en permisos de residencia temporal, que podrían alcanzar los 25 mil pesos para estancias de cuatro años, y una tarifa de 31 millones de pesos por inspecciones en casas de bolsa, según análisis de la bancada del PAN.
La reforma también deroga la exención fiscal para personas físicas y morales que exploten aguas nacionales.
El priista Jericó Abramo criticó la medida, estimando que generará ingresos adicionales por 271 mil millones de pesos vía Derechos, IEPS, Aduanas y Código Fiscal.
“El País requiere 1.5 billones de pesos para estabilizar sus finanzas; con estas migajas solo se lograrán 271 mil millones”, señaló el legislador, cuestionando su insuficiencia.
La panista Noemí Luna fustigó los incrementos: “Aumentan cobros migratorios sin inversión en seguridad fronteriza; crean cuotas en telecomunicaciones, pero comunidades rurales siguen sin internet. Ahora suben entradas a museos y zonas arqueológicas”, argumentó.
En defensa, la morenista Alma Delia Navarrete sostuvo que las modificaciones fortalecen la capacidad del Estado y mejoran la calidad de servicios ciudadanos.
