Jaime GUERRERO
La Cámara de Diputados ratificó este martes las modificaciones que el Senado realizó a la minuta original y aprobó en definitiva la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que eleva las penas hasta un máximo de 42 años de prisión por este delito y sus 34 agravantes.
Con 409 votos a favor, 33 en contra del PRI y una sola abstención del PAN, los diputados avalaron el proyecto que el Senado les devolvió corregido y ampliado, revirtiendo incluso la reserva que había presentado el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para reducir las sanciones a autoridades que omitieran denunciar actos de extorsión.
La nueva ley establece como pena base por extorsión de 15 a 25 años de prisión y multa de 300 a 500 veces el valor diario de la UMA.
La sanción se incrementa a entre 19 y 33 años cuando la víctima sea comerciante, empresario, industrial, agricultor, ganadero, pescador o prestador de servicios públicos o privados, así como cuando un sindicato o agrupación coaccione a alguien para adquirir insumos o servicios de terceros, o cuando el delito se cometa contra candidatos o personas electas.
Las penas suben de 20 a 37 años si la extorsión afecta a personas migrantes, menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años, o cuando exista relación de confianza, laboral, parentesco o negocios, se utilice información privada de la víctima o sus familiares, o se empleen medios de transmisión de imágenes, voz o datos.
El rango más alto, de 22 a 42 años de cárcel, aplica cuando se emplee violencia física, en casos de montachoques, cuando intervengan una o más personas armadas con el propósito de anular o impedir la libertad de expresión, o cuando los responsables sean servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o integrantes de empresas de seguridad privada.
Además, quien introduzca o intente introducir sin autorización dispositivos electrónicos de comunicación a centros penitenciarios o de internamiento de menores enfrentará de seis a 12 años de prisión y multas de 120 a 240 veces la UMA.
Los servidores públicos o autoridades penitenciarias que faciliten o permitan estas conductas serán castigados con tres a cinco años de cárcel.
La reforma convierte la reparación del daño en pena pública, por lo que será obligatoria en toda sentencia condenatoria.
También obliga a las fiscalías a crear unidades especializadas con ministerios públicos, policías y analistas certificados en extorsión, y mientras se constituyen deberán emplear las unidades antisecuestro ya existentes.
Durante el debate, el diputado priista Emilio Suárez reconoció avances como la persecución de oficio del delito, pero criticó la falta de previsión presupuestal para fortalecer policías estatales y municipales.
Por su parte, el panista Marcelo Torres Cofiño celebró que el Senado corrigiera lo que calificó de “pifia monumental” y “falsedad técnica” de la redacción original aprobada por la mayoría morenista en octubre.
“Cómo olvidar a uno o varios diputados del oficialismo que se subieron a esta tribuna a darnos clases de derecho. Pues vaya cátedra que hoy el Senado les corrige como a alumnos que copiaron mal la tarea”, ironizó, y añadió que intentar presentar la corrección como “proceso legislativo natural” era “una reversa humillante”.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena, defendió el sistema bicameral y dijo asumir plenamente la responsabilidad de lo aprobado inicialmente en San Lázaro.
“En un sistema como el nuestro, revisar los actos de la colegisladora debería ser algo normal y no tendría por qué ofender ni incomodar a nadie”, señaló.
Reiteró su postura garantista pese a que el debate interno en la coalición oficialista “fue muy pesado” y derivó en las modificaciones senatoriales.
Con la ratificación de este martes, la nueva Ley General en materia de Extorsión queda lista para su publicación y entrada en vigor.
